LA PAZ, 11 ENE - El Senado de Bolvia, con mayoría de legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales, aprobó una ley que garantiza la "plena" vigencia de derechos para los líderes sociales, cívicos y políticos.
La llamada Ley de Garantías también protege a quienes se encuentran en el extranjero, tras las protestas que se sucedieron a raíz de las elecciones del 20 de octubre, que dispararon una crisis política en el país, represión y la renuncia de Morales, hoy asilado en Argentina.
La mesa de diálogo que se instauró tras las movilizaciones, que contaba con la participación del gobierno interino de Bolivia, organizaciones sociales y legisladores, consensuó el proyecto de ley para brindar garantías de seguridad y derechos políticos.
Asimismo, busca garantizar que un eventual procesamiento de funcionarios se realice en el marco constitucional y legal.
El viernes por la noche tras la aprobación en el Senado, la iniciativa fue devuelta a Diputados, donde se había aprobado el 6 de diciembre.
Pero regresó a ese cuerpo porque se le realizaron modificaciones.
El Gobierno de la presidenta interina Jeanine Añez rechazó la ley y amenazó con no promulgarla cuando fue aprobada en Diputados bajo el argumento de que implicaba "impunidad" para los exmiembros del Gobierno y dirigentes "vinculados con delitos".
El artículo siete establece que "el Estado, a través de sus órganos y sus instituciones competentes, garantizará el pleno ejercicio de los derechos, libertades y garantías constitucionales para los bolivianos y bolivianas, extranjeros y extranjeras residentes en Bolivia, comprendiendo entre estos a los líderes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes cívicos y políticos, así como personas movilizados del campo y la ciudad en todo el territorio nacional", reveló el diario La Razón.
La presidenta del Senado, Eva Copa (MAS), afirmó que la aprobación de la ley cumple con los acuerdos alcanzados en las negociaciones para pacificar el país.
"Es importante para nosotros dar cumplimiento a estos acuerdos en torno a poder garantizar que no va a haber persecución política para nuestros dirigentes y liberar a las personas detenidas que no han tenido un debido proceso", dijo Copa.
No obstante, senadores de Unidad Demócrata (UD) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC) se marcharon anoche de la sesión y denunciaron que la ley está "viciada".
"Nos hemos retirado de la sesión por el cambio de la orden del día porque el MAS intenta introducir una versión del proyecto de Garantías Constitucionales para ser analizada", dijo al salir del recinto el senador Oscar Ortiz.
Morales dimitió el pasado 10 de noviembre, después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) detectara "irregularidades" en las elecciones presidenciales del 20 de octubre.
El líder indígena denuncia que fue víctima de un golpe de estado, por lo que está refugiado en Argentina, aunque antes recaló en México y brevemente en Cuba.
Después de las elecciones anuladas y la dimisión de Morales, se desataron una serie de hechos de violencia que acabaron con más de 30 muertos, la mayoría en Sacaba y Senkata, donde intervinieron fuerzas policiales y militares.
En ese contexto, actualmente dirigentes y políticos son acusados de promover la violencia y se iniciaron varios procesos por sedición y terrorismo.
El gobierno interino aprobó el 5 de diciembre un decreto para otorgar un resarcimiento de 50 mil bolívares (unos 7.
184 dólares) para las familias de los fallecidos en el conflicto político-social.
Pero, quienes se beneficiaban perdían el derecho a hacer denuncias a nivel internacional, lo que fue cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
(ANSA).