Los ministros, de Trabajo, Claudio Moroni, y de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, debatieron hoy de forma virtual acerca del desafío que representa la ratificación y aplicación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre acoso y violencia en el ámbito laboral y coincidieron en señalar que constituye "una agenda propia del Gobierno".
"Es agenda propia del Gobierno la ratificación del Convenio del organismo laboral, porque es agenda propia la eliminación de toda desigualdad. Habrá que dictar varias normas, con mucho diálogo y trabajo, entre los sectores y las jurisdicciones nacionales, porque lo importante es que las conductas apliquen esas normas. La normativa debe ser conducta", dijo Moroni en el debate.
Gómez Acorta sostuvo que "es prioritario para el Gobierno avanzar ante los desafíos de adecuar de forma normativa el tema de la violencia por motivos de género en el ámbito laboral", y reseñó que "es fundamental ratificar y adoptar el Convenio porque es coherente con la política exterior sobre derechos humanos".
"Ese instrumento es el primero que aborda la violencia de género y acoso laboral y define las obligaciones de los Estados y los particulares", afirmó la ministra.
El Convenio 190 fue aprobado por la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de 2019 y su ratificación ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores de la Argentina.
Los funcionarios explicaron que la violencia laboral es una de las modalidades del problema por motivos de género que define la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicarla en el empleo, por lo que los participantes debatieron respecto de las normas, políticas y medidas a determinar para cumplir el instrumento del organismo tripartito dependiente de las Naciones Unidas.
En el encuentro también participaron el coordinador residente de las Naciones Unidas en la Argentina, Roberto Valent; Christoph Ernst, director ad interim de la Oficina de País de la OIT para la Argentina; Eric Carlson, especialista en género e igualdad de ese organismo; representantes de gobiernos provinciales con competencia en Trabajo y en las áreas de Género y Derechos Humanos; agrupaciones de empleadores y dirigentes de centrales sindicales. (Télam)