Ignacio "Nacho" Levy, referente de La Garganta Poderosa, consideró hoy "que no puede faltar la voz de las organizaciones sociales" en el proyecto de reforma judicial porque en esos sectores "golpean fundamentalmente" las "arbitrariedades de la justicia" y afirmó que los tribunales de "Comodoro Py no tienen ni un cable conectado a los barrios populares".
"El aporte que podamos hacer los sectores populares o las organizaciones de base al alcance o no que tenga la justicia debiera ser de mínima escuchado", sostuvo Levy en una entrevista con Télam, en momentos que el Senado discute el proyecto de reforma judicial.
Planteó que "la justicia deje de ser un privilegio de clase" y que debe haber cambios como "posibilidad de litigar sin costos, lenguaje claro, existencia de asistencia técnica gratuita y que se pueda tratar la situación de los migrantes sin que ocupe un lugar subalterno".
Para Levy eso ayudaría a que los sectores populares "dejen de conocer como única justicia a la penal y puedan reclamar por todos sus demás derechos" y dijo que para ello "un eje central de la reforma tiene que ser que el dinero no sea una variable para el ejercicio del derecho".
"No conozco ningún sector que esté conforme con el funcionamiento de la justicia, discutir una reforma es natural e inevitable", aseguró, y agregó que "se puede discutir si éste es el momento o no, pero también no podemos desconocer que para algunos sectores nunca lo es", en alusión a Juntos por el Cambio.
Planteó que "es en los sectores populares donde golpean fundamentalmente" las "arbitrariedades de la justicia" y que "Comodoro Py no tiene ni un cable conectado a los barrios populares".
"Las cárceles están llenas de vecinas y vecinos de nuestros barrios, pero las estafas más grandes de la historia de la humanidad y la distribución absurda y arbitraria de la riqueza a nivel global no están perpetradas por ellos. Hay algo de la justicia que falla", afirmó.
Añadió que "los sectores populares vemos todos los días cómo se asocia la inseguridad a la justicia y siempre hay un micrófono para que quienes padecen una salidera bancaria o una entradera puedan expresar su dolor. A todos nos conmueve ver a un jubilado golpeado o a una embarazada baleada".
"Escucho todas las voces a favor de punitivismo, de bajar la edad de imputabilidad dando vueltas por los noticieros, pero no escucho la voz de las familias que han padecido los atropellos de las fuerzas de seguridad", completó.
Relató un caso personal: "Asesinaron a mi ahijado Kevin el 7 de septiembre de 2013, en una zona liberada por fuerzas de seguridad y un tiroteo con más de 105 disparos de armas de guerra, a 50 metros de una casilla de Gendarmería".
"El único condenado fue el responsable del operativo que liberó la zona tres horas, que tuvo que pagar $12.500 como única condena y aun así fue mayor que la condena de los que desaparecieron a Luciano Arruga, que aún no han tenido ninguna", concluyó. (Télam)