Una comisión investigadora del Parlamento Europeo pidió hoy una "moratoria" en el uso de programas de espionaje tras detectar que en al menos cuatro países de la Unión Europea (UE) se registró un uso "ilegítimo" de este tipo de software.
"El uso indebido de spyware en los Estados miembros de la UE es una grave amenaza para la democracia en todo el continente", dijo una de las integrantes de la comisión, la eurodiputada liberal holandesa Sophie in 't Veld (del bloque centrista Renovar Europa), en una conferencia de prensa.
"En una democracia, poner a las personas bajo vigilancia debería ser la excepción", agregó, citada por la agencia de noticias AFP.
El informe identificó la utilización de programas espías en Polonia, Hungría, España y Grecia.
La eurodiputada se quejó de que muchos países no hayan querido compartir información oficial con la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo (PEGA), que debió limitar su trabajo a otras fuentes, en especial investigaciones periodísticas.
"En Polonia y Hungría, vemos que el spyware (en estos dos casos, el programa israelí Pegasus) es parte integral de un sistema diseñado para controlar e incluso oprimir a los ciudadanos que critican al Gobierno, miembros de la oposición, o periodistas", dijo.
En el caso de Grecia, donde se usó el programa de espionaje Predato, hay "señales (...) de ataques sistemáticos y a gran escala como parte de una estrategia política clara", aseguró In't Veld .
En España, continuó la eurodiputada, hay "sólidos indicios de que figuras políticas y otras personas han sido espiadas sin relación con una amenaza clara e inminente a la seguridad nacional".
In't Veld agregó que el comité parlamentario debería investigar más el caso de Chipre, citando "indicios" del uso de este tipo de vigilancia en los ciudadanos, describiendo a ese país como una "plataforma para la 'exportación de spyware".
"Debemos reconocer que todos los Estados miembros tienen spyware a su disposición, aunque no lo admitan", expresó In't Veld, quien propuso en su informe "una moratoria sobre la venta, adquisición, transferencia y uso" de estas tecnologías.
Este informe debe ahora ser discutido en el comité PEGA, donde se descarta que recibirá cambios, y debe ser sometido a votación de la plenaria en marzo de 2023, aunque si se prorroga la misión ello podría ocurrir en junio.
El escándalo de espionaje estalló el 18 de abril de 2021 cuando Citizen Lab, un proyecto de ciberseguridad de la Universidad de Toronto, publicó un informe que identificaba a más de 60 independentistas catalanes cuyos teléfonos celulares habrían sido atacados entre 2017 y 2020 con el software Pegasus.
Poco después, el Gobierno español admitió que había sido espiado en mayo y junio de 2021 con este mismo programa. (Télam)