El ex secretario de Economía de la Unión Vecinal de Luján, Ezequiel Artero, fue condenado como autor penalmente responsable del delito de acceso ilegal a sistema o dato informático (inf. Ar. 153 bis del CP) a la pena de un mes de presión en suspenso. Además, por dos años, Artero deberá fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados; abstener de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas; y no cometer nuevos delitos.

La denuncia se originó por la intromisión al sistema informático del municipio y emisión de falsos certificados de pago en el momento que Artero se desempeñaba como Secretario de Bloque de los concejales de la Unión Vecinal de Luján, partido local que preside la actual diputada provincial Rita Sallaberry. Ambos construyeron una relación de extrema confianza durante la gestión de Oscar Luciani en la cual se desempeñaron como Secretaria de Gobierno y Secretario de Economía respectivamente.

Luego de la derrota de Sallaberry en las primarias del 2019, esta le garantizó a Artero un lugar como secretario en el bloque de concejales del partido. En el caso de ella, en 2023 se convirtió en diputada provincial con el aval y apoyo de Cristian Ritondo.

Mientras trabajaba en el Concejo Deliberante de Luján, Artero hackeo usuarios de concejales para emitir falsos pagos en el sistema contable del municipio, utilizando conocimientos del momento en que era funcionario.

La operación fue detectada por las alertas de los sistemas informáticos y denunciada oportunamente sin imaginar que detrás de la operación aparecería nada más y nada menos que un ex funcionario. La prueba más contundente fue que se pudo rastrear la IP de la computadora desde donde se cometieron estas acciones siendo nada más y nada menos que el domicilio de Artero.

Misma familia, similar condena

El padre de Artero, Héctor, también fue Secretario de Economía durante el Gobierno de Oscar Luciani y fue condenado por negociaciones incompatibles con la función pública “a la pena de un año y ocho meses de prisión en suspenso, e inhabilitación especial y perpetua para ejercer cargos públicos, con costas e imponiendo reglas de conducta -por el término de dos años- previstas en el art. 27 bis. del C.P”.