El gobernador del departamento boliviano de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, desistió de su exigencia de que el censo nacional se realice en 2023 luego de que el Gobierno de Bolivia dispusiera que será en 2024, y anticipó que en las próximas horas definirá si continúa el paro y las protestas de más de un mes para exigir una nueva fecha.
"Lamentablemente el Gobierno ha dilatado por siete meses esa situación, que lo hace imposible de realizar en 2023", declaró anoche Camacho en rueda de prensa en la ciudad oriental de Santa Cruz, antes de señalar que el tema de la fecha "no vendría a ser lo determinante".
"Hemos logrado revertir la agenda del Gobierno, hemos logrado doblarle la mano al Gobierno, hemos logrado muchísimo", declaró el gobernador de derecha, que agregó que se consiguió el 90% de los reclamos del paro, informó la agencia de noticias boliviana ABI.
El 22 de octubre pasado, un "movimiento cívico" que agrupa a organizaciones y empresarios de Santa Cruz convocó a un paro por tiempo indefinido para solicitar la realización del censo en 2023, en lugar de 2024 como había propuesto el Gobierno nacional, dado que condiciona el reparto de ayudas entre las regiones del país.
El Censo de Población y Vivienda, establecido en la Constitución boliviana para realizarse cada 10 años, inicialmente estaba previsto para el 16 de noviembre de 2022, pero fue postergado por razones técnicas para el 2024, en una reunión del presidente Luis Arce, de izquierda, con autoridades regionales.
Camacho informó que en las próximas horas decidirán si el paro continúa, ya que lo que el pueblo "está esperando una ley que le dé la certeza de que la fecha en la que se determine (que se haga el censo) en el Parlamento sea respetada".
El gobernador cruceño, principal protagonista del conflicto, manifestó en varias ocasiones que la realización del censo en 2023 era "inquebrantable", pero su nueva postura parece cambiar la situación y anunciar un nuevo escenario.
Se cumplen 33 días del inicio del paro de actividades en Santa Cruz, bastión de la oposición al Gobierno del presidente Arce, para exigir una redistribución de recursos económicos y escaños parlamentarios, que dependen del censo.
Por su parte, la Misión Técnica en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) condenó la violencia de las protestas de la capital de Bolivia, Santa Cruz, y pidió que se investigue cualquier violación de derechos.
Además de rechazar categóricamente los hechos violentos registrados en las últimas semanas en el país, Oacnudh destacó la importancia del derecho a reunión y protesta pacífica como vía "para ejercer otros derechos como el de participación en los asuntos públicos o la libertad de expresión".
La semana pasada, el Gobierno de Arce anunció que tomaría acciones penales contra los responsables de las protestas de Santa Cruz, tras anunciar un balance de cuatro fallecidos y 178 heridos en 20 días como consecuencia del paro y las manifestaciones, que han sido violentas. (Télam)