Integrantes de asociaciones cooperadoras de escuelas de la ciudad de Buenos Aires cuestionaron hoy en la Legislatura porteña el proyecto de ley elaborado por el bloque Republicanos Unidos (RU) que regulará su funcionamiento, ya que, sostienen, "limita la participación" y "quita derechos".
"Rechazamos el proyecto porque limita la participación y, al quitar derechos, retrocede en comparación a las normas actuales", dijo Pablo Cesaroni, integrante de la cooperadora de la Escuela Normal 7 José María Torres, en la reunión de la comisión de Educación de la Legislatura.
El proyecto, autoría de la diputada Marina Kienast (RU), establece que los integrantes de la comisión directiva de las cooperadoras escolares serán cinco, podrán ser reelegidos una sola vez y que sus mandatos durarán dos años.
Además, prohíbe la participación de "cónyuges y parientes" de la comisión directiva de una cooperadora y establece dos categorías de socios, quitando la posibilidad de votar a los "adherentes".
Cesaroni también manifestó que el proyecto "no tiene que ver con la realidad de las escuelas", y consideró que la participación debe ser promovida, ya que suelen ser pocos los integrantes de la comunidad educativa que se postulan para ser parte de las comisiones directivas.
Por otra parte, sostuvo que la iniciativa habilita la "persecución ideológica", en referencia al artículo 9, donde se establece que los integrantes de las cooperadoras escolares "en el ejercicio de sus funciones, no podrán realizar ninguna acción que implique actividad política partidaria, gremial, ni que implique cualquier conflicto de intereses".
En la reunión también intervino Débora Vasallo, de la cooperadora de la Escuela 8 del Distrito Escolar 2, y afirmó que la iniciativa resta "autonomía" a estas asociaciones a la vez que las hace responsables de llevar adelante "mejoras y mantenimiento edilicio".
Kienast, autora del proyecto, sostuvo en cambio que se busca dar "seguridad jurídica" y "transparencia en el manejo de los fondos" a las asociaciones cooperadoras, a la vez que promueve "capacitaciones para padres y fomenta la capacitación".
Desde el Frente de Todos opinó la legisladora María Bielli, quien consideró que la ley "tendrá inconvenientes" en su aplicación, ya que al "cercenar derechos" será "judicializable".
Luego, criticó el artículo 41 del proyecto, el cual establece que cuando una cooperadora sea intervenida, ninguno de sus integrantes podrá ser reelecto.
"Muchas intervenciones se resuelven a favor de las cooperadoras, ¿dónde queda la presunción de inocencia?", cuestionó.
De acuerdo a la iniciativa, las intervenciones por parte de la autoridad de aplicación tendrán lugar cuando, por ejemplo, se "verifique una reducción grave" del patrimonio de las cooperadoras o éstas "promuevan acciones que violenten o restrinjan los objetivos educativos planteados por el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires".
El proyecto recibió hoy dictamen de mayoría favorable, con las firmas de Juntos por el Cambio, coalición de la que es parte RU, y de este modo quedó en condiciones de votarse en el recinto en la próxima sesión, prevista para el jueves de la semana próxima. (Télam)