Los maquinistas de los ferrocarriles británicos amenazaron hoy con paralizar la mayoría de los trenes del Reino Unido el 1 y 3 de febrero, después de que el sindicato rechazara la oferta de aumento salarial de 8% para los trabajadores del sector, en medio de una inflación promedio del 11%.
ASLEF, el sindicato que reúne a los maquinistas del Reino Unido, dijo en un comunicado que la medida paralizará la mayoría de los servicios ferroviarios en 14 compañías operadoras de trenes, incluidas las rutas interurbanas y de cercanías.
Los miembros del sindicato pusieron en marcha medidas de protesta en todo el país, que se suman además a una huelga de 100.000 trabajadores públicos y de maestros para exigir mejoras salariales.
Mick Whelan, secretario general de ASLEF, dijo que la propuesta no es aceptable, aunque añadió que están "dispuestos a participar en más discusiones dentro del proceso" acordado previamente.
El sindicato informó que se habían reunido desde el lunes por la tarde para considerar las propuestas del Rail Delivery Group.
Whelan, indignado por la publicación de la oferta en los medios antes de que él la viera, había advertido previamente que no había ninguna posibilidad de que sus miembros aceptaran un acuerdo que estuviera por debajo de la inflación y empeorara sus términos.
"Ahora es claro para nuestros miembros y el público que esta no era una reforma o modernización, sino más bien un intento de obtener cientos de millones de libras de productividad por medio de recortes salariales del 20%, al mismo tiempo que se le negaba a nuestro sindicato cualquier esperanza de tener algo que decir en el futuro", indicó.
Dijo que los trabajadores ferroviarios de estas empresas no han recibido un aumento desde 2019, a pesar de la inflación acelerada y destacó que es hora de que las empresas, posiblemente alentadas por el Gobierno, se sienten con ellos para tener discusiones serias.
Si la medida de fuerza sigue adelante, será la séptima y octava huelga nacional del sindicato en el último año.
Ayer el Gobierno británico comenzó negociaciones con el Parlamento para aprobar una nueva ley que otorgaría a la policía autoridad para reprimir las protestas más "disruptivas".
Esta ley tendría como objetivo responder a las huelgas generalizadas que se vienen produciendo desde diciembre de 2022, como consecuencia de la alta inflación.
La propuesta incluye una enmienda a la Ley de Orden Público para reforzar el papel de la policía al "intervenir preventivamente en protestas", ampliando la definición legal de "perturbación grave".
Esta ley también podría permitir a la policía imponer restricciones a la ubicación y horario de las protestas, así como limitar el número de participantes y la duración de las mismas. (Télam)