El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió hoy investigar y atender a las víctimas de las presuntas violaciones de menores de comunidades indígenas cometidas por militares locales y estadounidenses en la Amazonía, información que fue develada por una investigación periodística.
"He pedido que una comisión del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y de Presidencia se desplace inmediatamente al Guaviare y atienda las denuncias de violaciones a menores de edad. Este horror lleva años estimulado por la impunidad. Se iniciarán todas las investigaciones, incluso por la omisión de funcionarios", advirtió en Twitter el mandatario izquierdista.
Una pesquisa de Univisión Noticias reveló en diciembre que un militar de Estados Unidos, que "estaba viviendo en las instalaciones de un batallón" del ejército colombiano en 2019, supuestamente abusó sexualmente y dejó embarazada a una indígena nukak de 10 años en San José del Guaviare, una ciudad enclavada en la Amazonía colombiana.
Sustentado en fuentes de la comunidad y de entidades del Estado, el noticiero estadounidense denunció un "creciente fenómeno de la violación de indígenas menores en la región del Guaviare, inducidas por hombres en su mayoría blancos mayores y algunos de ellos militares".
La fiscalía investiga denuncias en contra de soldados colombianos y "norteamericanos" por abusos a niños nukak, según reconoció a Univisión la fiscal Isabel León.
La Embajada de Estados Unidos en Bogotá manifestó en un comunicado que sus tropas no estaban desplegadas en Guaviare en 2019 cuando ocurrió el supuesto abuso.
Según Petro, son "118 miembros del ejército" de Colombia los que están siendo investigados por estos casos, consignó la agencia de noticias AFP.
De tradición nómada, los nukak fueron desplazados de sus territorios en medio del conflicto armado colombiano desde finales del siglo XX y hoy malviven en asentamientos precarios en zonas rurales y deambulan por las calles de la ciudad pidiendo limosnas.
Muchos niños y adolescentes de la etnia terminan en manos de redes que le ofrecen comida a cambio de favores sexuales y algunos de ellos están sumidos en la drogadicción, según ONGs.
El ICBF dijo recibir al menos cuatro denuncias semanales de abusos contra menores aborígenes en San José del Guaviare.
Desde 2020 la Procuraduría, encargada de investigar a los funcionarios públicos, indaga sobre la presunta violación de una indígena nukak de 15 años por ocho uniformados en un batallón.
Ese mismo año una niña indígena de 13 años fue violada por un grupo de siete militares que patrullaba en el territorio de la comunidad Embera Chamí en el departamento de Risaralda.
Los soldados fueron condenados a 16 años de prisión. (Télam)