Estados Unidos pidió hoy "moderación" y que se reduzca "al mínimo" el uso de la fuerza frente a las manifestaciones en Perú, en tanto respaldó la apertura de una investigación sobre la represión que provocó decenas de muertes.
"Reconocemos el derecho a la protesta pacífica y la expresión de quejas a través de canales democráticos, y hacemos un llamado a la calma, al diálogo y a que todas las partes ejerzan moderación y no violencia", afirmó un vocero del Departamento de Estado.
"Alentamos al Gobierno a hacer un uso mínimo de la fuerza para proteger a los ciudadanos, la propiedad y la libre circulación de personas y bienes", agregó el vocero, informó la agencia de noticias AFP.
"Apoyamos el compromiso del Gobierno peruano de investigar todas las muertes y garantizar que sus fuerzas de seguridad respeten la ley y el orden, de acuerdo con los derechos humanos y la legislación peruana", añadió.
Al menos 40 personas murieron en violentas protestas en Perú desde principios de diciembre tras la destitución y arresto del expresidente izquierdista Pedro Castillo por lo que el Congreso consideró un fallido autogolpe.
Del total de muertos, 18 ocurrieron en las últimas 48 horas en la región andina de Puno, en el sur del país y fronterizo con Bolivia, que se convirtió en epicentro de las protestas y donde ayer el Gobierno de Boluarte dispuso un toque de queda.
"Se ha aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara inmovilización social en Puno por el plazo de tres días, en el horario que va desde las 20 hasta las 4 de la mañana", anunció el jefe de Gabinete, Alberto Otárola ante el pleno del Congreso.
Paralelamente, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, informó que ordenó la apertura de una investigación por presunto genocidio y otros delitos a Boluarte y tres ministros en relación con esos hechos.
Los ministros a los que se refiere son Alberto Otárola, jefe de Gabinete, y a los ministros del Interior, Víctor Rojas, y de Defensa, Jorge Chávez.
La investigación se basa en "los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho", precisó el Ministerio Público en un documento publicado ayer en Twitter.
Para hoy se aguarda la llegada al país de autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estará en el país hasta el viernes "para observar la situación de derechos humanos". (Télam)