El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, titular de la diócesis de Matagalpa y crítico del gobierno de Daniel Ortega, será sometido a juicio acusado de conspiración y difusión de noticias falsas, según se resolvió hoy en una audiencia judicial en Managua.
Durante la audiencia se "admitió el intercambio de información de pruebas y remitió la causa (contra Álvarez) a juicio", indicó el organismo judicial de Managua en una nota de prensa en la que no precisó si el juicio tiene fecha.
En la comparecencia en el Distrito Penal de Audiencia de Managua, la justicia confirmó la decisión de mantener al prelado bajo arresto domiciliario en una residencia de la capital, donde fue ingresado por la policía en agosto.
La jueza del décimo distrito penal de audiencia de Managua, Gloria Saavedra Corrales, admitió la acusación contra Álvarez y envió el caso a juicio oral y público
El obispo, de 56 años, fue acusado en diciembre por la fiscalía de los delitos de conspiración "para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas" a través de los medios de comunicación y las redes sociales.
Álvarez, quien preside la diócesis del departamento norteño de Matagalpa, fue llevado desde ese lugar a Managua en agosto, acusado de intentar desestabilizar al país con sus posiciones críticas.
Junto con Álvarez también fueron detenidos al menos seis religiosos que permanecen en una cárcel de Managua sin que se conozcan oficialmente cargos contra ellos.
El abogado de Alvarez, Yader Morazán, denunció desde el exilio que la audiencia inicial fue "a puerta cerrada y con la misma defensora pública Jennifer Hernández impuesta por el régimen".
Lamentó además que se haya ignorado la "solicitud del nombramiento de una abogada de confianza de la familia", según el sitio 100oticias.
El organismo judicial informó además que reiteró el pedido a Interpol para que ordene la captura del sacerdote Uriel Vallejos, quien se exilió antes de ser apresado por los mismos delitos.
El proceso contra los religiosos ocurre en medio de las tensas relaciones que la Iglesia católica tiene con el gobierno de Ortega desde las protestas opositoras de 2018. (Télam)