Disidencias de las FARC y el Gobierno colombiano anuncian cese del fuego desde el 8 de octubre

El gobierno de Colombia y el Estado Mayor Conjunto (EMC), el mayor grupo de las disidencias de las FARC que no firmaron el acuerdo de paz 2016, anunciaron hoy un cese del fuego desde el domingo 8 de octubre y el comienzo de una negociación en busca de llegar al desarme de la organización.
"El propósito de este proceso de construcción de paz es la dignificación de la forma de vida de las colombianas y los colombianos que son víctimas directas de la desigualdad social y de la confrontación armada", señalaron las partes en un comunicado conjunto.
El anuncio es el resultado de una serie de conversaciones que se retomaron el domingo en Suárez, en las montañas del departamento de Cauca, después de varios desencuentros, esta vez con representantes de la Unión Europea, la ONU, la OEA, Venezuela y otros tres países europeos en la mesa de negociaciones.
"Se acordó instalar la Mesa de Diálogos de Paz el próximo 8 de octubre en Tibú", en la frontera con Venezuela, detallaron el Ejecutivo y el EMC.
El grupo, liderado por alias Iván Mordisco, está integrado por guerrilleros que se negaron a acogerse al acuerdo de paz de 2016 que firmaron entonces el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC después de años de discusiones en La Habana.
Por ese entendimiento, miles de insurgentes dejaron las armas y pasaron a la vida civil, mientras los disidentes se fortalecieron en zonas de las que el Estado se ausentó y que antes ocupaban las FARC.
A fines de 2022 el Gobierno ya había anunciado un cese del fuego con el EMC -entre otras organizaciones- pero lo suspendió cuando el grupo asesinó a cuatro jóvenes indígenas que se resistieron a ser reclutados.
Por instrucción del presidente Gustavo Petro, entonces, las fuerzas militares iniciaron una persecución feroz contra los rebeldes en departamentos como el Cauca y otros de la Amazonía, donde se presume pasa la mayor parte del tiempo Mordisco y otros cabecillas.
Desde que asumió, Petro impulsa un plan de “paz total” para desarmar a todas las organizaciones ilegales, iniciativa que logró la aprobación del Congreso para convertirse en política de Estado.
Desde noviembre, el Ejecutivo sostiene conversaciones en Cuba, México y Venezuela con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Las conversaciones con el EMC que comenzarán en tres semanas en la región del Catatumbo tendrán el acompañamiento de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, de la MAPP/OEA, la Conferencia Episcopal, Noruega, Suiza, Irlanda y Venezuela como garantes.
Según el sitio del diario El Tiempo, está decidido que habrá acuerdos de aplicación inmediata -como sucede en la mesa con el ELN- y, en paralelo, una agenda más global con lo que denominan “transformaciones de mayor calado”.
También se definirán las condiciones para el desarrollo de ocho misiones humanitarias anunciadas a principios de este mes y que tendrán como sede a Antioquia, Arauca, Cauca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y el sur de Bolívar.
Un cronograma publicado por El Tiempo y la revista Semana detalla que hasta el 8 de octubre se trabajará en la preparación, los ajustes del acuerdo y los protocolos; ese día se instalará la mesa y se promulgará el decreto del Acuerdo de Respeto a la Población Civil y; hasta el 11 de noviembre funcionará el Mecanismo de Monitoreo y Verificación; y desde entonces hasta agosto de 2024 habrá “protección de la población y cese del fuego”.
Andrey Avendaño, vocero de esa disidencia, confirmó además que el EMC liberará a los tres militares que la organización mantiene en su poder y ratificó que el grupo no interferirá en las elecciones regionales de octubre.
“Este acuerdo, sus protocolos y mecanismos, una vez aprobados, precisan el funcionamiento de la Mesa de Diálogos de Paz. Tendrán como marco de referencia el respeto al derecho internacional humanitario y, en particular, al protocolo adicional II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, para preservar la vida, los derechos y libertades de la población civil en general y evitar la afectación humanitaria, en particular, a las comunidades y pueblos étnicos, territoriales, campesinos y demás grupos de especial protección”, subraya el comunicado conjunto. (Télam)