Acuña rechazo postura patronal de no pagar bono de 24 mil pesos otorgado por el Gobierno

Los trabajadores de las estaciones de servicio (Soesgype) nucleados en el gremio que conduce el cosecretario general de la CGT, Carlos Acuña, reclamaron hoy a los empresarios de la actividad el inmediato pago del bono de fin de año de 24 mil pesos.
Acuña rechazó la información difundida por las entidades empresarias y su postura contraria y sostuvo que al menos "es errónea", y ratificó que los trabajadores de las estaciones de servicio deben percibir de forma inmediata ese bono de 24 mil pesos.
"Los trabajadores deben cobrarlo y, las empresas, tienen la obligación de pagarlo. El gremio rechaza la postura contraria a efectivizar esa asignación otorgada por el Gobierno para los empleados privados en relación de dependencia que perciben haberes inferiores a dos salarios mínimos", sostuvo Acuña en un documento.
El dirigente sindical explicó que el acuerdo firmado a fines de octubre último con las compañías incluyó una cláusula por la que cualquier suma fija extra o bono se deducirá de futuras negociaciones paritarias, y detalló que ese ítem "no corresponde a los acuerdos salariales celebrados de forma reciente" para la actividad.
Acuña subrayó que cualquier deducción debe realizarse en la futura paritaria de febrero o en la negociación de abril, por lo que ahora todos los trabajadores deben percibir ese bono de 24 mil pesos y las empresas tienen que pagarlo.
"El sindicato está muy lejos de aceptar una interpretación unilateral de los empresarios en desmedro de los trabajadores", afirmó el gremialista, quien reseñó que hace algunos días la Federación de Entidades de Combustibles sugirió en un documento a sus asociados que no paguen el bono extraordinario otorgado por el Gobierno.
El Gobierno oficializó por el decreto 841/22 el pago este mes de una asignación no remunerativa y por única vez a los trabajadores privados en relación de dependencia de 24 mil pesos, y sostuvo que deben percibirlo los empleados que cobran haberes netos inferiores a los 185.859 pesos, pero los empleadores se niegan a pagarlo. (Télam)