La subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias de la provincia de Buenos Aires, Julieta Calmels, presentó ante la ONU las políticas de desmanicomialización que el ministerio de Salud del distrito lleva adelante, como parte del proceso de implementación de la Ley de Protección de la Salud Mental 26.657.

La funcionaria expuso en la sesión 636 del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la Organización de las Naciones Unidas, en respuesta a la evaluación que el organismo realiza en Argentina respecto a los avances en materia de salud mental y de discapacidad psicosocial.

"En una Provincia con características desiguales y heterogéneas, con el 38% de la población total del país, entendemos que la reforma en salud mental que impulsamos es inédita en la historia de nuestro país, fundamentalmente por la magnitud y los cambios que se propone", destacó Calmels.

Al respecto, detalló que la reforma "implica modificaciones profundas en los servicios de salud mental, pero a la vez supone una transformación mucho más profunda vinculada al cambio en la concepción, de relación del Estado y de sus carteras ministeriales, como así también de las comunidades con aquellas personas usuarias de los servicios de salud mental o con discapacidad psicosocial".

Uno de los ejes abordados durante la jornada fue la desinstitucionalización que implicó avances significativos en los cuatro neuropsiquiátricos/manicomios provinciales, donde al inicio de la gestión vivían más de 1.800 personas. "Un 42% estaba institucionalizada sin criterio de internación y con tiempos de estadía de más de diez años", dijo Calmels.



La funcionaria informó que actualmente "se redujeron un 35% las personas que residen en los pabellones de crónicos de los hospitales neuropsiquiátricos, y hay 632 externadas bajo un modelo de apoyos en 181 casas asistidas para la vida en comunidad, donde las personas usuarias pueden desarrollarse y vivir dignamente".

Otro de los temas presentados fue la reforma del sistema de salud, que permitió una mejora en las condiciones de atención a las situaciones de crisis en los hospitales generales; con una ampliación del 27% de camas, incluyendo nuevo personal.

Según consignaron desde la cartera sanitaria, esto se refleja en que el 88% de las internaciones en el sistema público suceden en esos hospitales.

Por último, la funcionaria mencionó la ampliación y fortalecimiento de los espacios de atención con base en la comunidad, y no en los modelos hospitalocéntricos de atención y de cuidado, e indicó que se trata de políticas que buscan garantizar los derechos humanos y la inclusión de las personas que atraviesan situaciones de salud mental.

Se calcula que en todo el mundo hay mil millones de personas con discapacidad, y el CDPD de la ONU es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención por parte de los Estados Partes.

El Comité promueve la inclusión, defiende los derechos humanos de las personas con discapacidad y formula recomendaciones para apoyar la aplicación de las disposiciones consagradas en la Convención. (Télam)