Las bibliotecas populares repudian el proyecto oficial

El proyecto de ley ómnibus que envió ayer al Congreso el gobierno de Javier Milei encendió la alarma de distintos sectores de la cultura, entre ellos, el de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) debido al problema de financiamiento que genera a las más de 1.500 bibliotecas populares del país que afectará el fomento de la lectura y otras actividades socioculturales, al tiempo que perjudica a una entidad con un modelo de funcionamiento único en todo el mundo que privilegia la participación colectiva de la comunidad en la que cada biblioteca funciona.

La Conabip -dependiente del Ministerio de Cultura- fue creada por la Ley 419 del 23 de septiembre de 1870, impulsada por Domingo Faustino Sarmiento, apoya y fomenta el desarrollo de bibliotecas populares que no solamente permiten el acceso de los integrantes de la comunidad a la lectura, sino que además propicia iniciativas solidarias para que los vecinos puedan acceder a cursos de capacitación o hacer uso de las computadoras cuando así lo requieren, con lo cual el sentido de existencia trasciende el acceso a los libros, y pasan a ser organizadoras de las necesidades de la comunidad, según los bibliotecarios consultados por Télam.

Según el proyecto, varios artículos de la ley 23.351 -que dispuso la creación de un Fondo Especial para bibliotecas- son reemplazados y dispone que se clasifique a las bibliotecas según la cantidad de obras que tienen, el movimiento diario de esas obras y las actividades culturales que desarrollen.

Asimismo, las bibliotecas populares dependerán de los subsidios que el Congreso les otorgue y para obtenerlos, se deberá acreditar “la necesidad social de los servicios en la zona de influencia de la Biblioteca Popular”, “las necesidades específicas para el crecimiento de las bibliotecas más carenciadas” y “el mayor esfuerzo” realizado en la prestación de servicios, según el proyecto de ley que se debatirá en el Congreso hasta e 31 de enero en sesiones extraordinarias.

Si se aprueba el proyecto, el organismo pasaría a llamarse Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares y continuaría bajo la órbita de la Secretaría de Cultura, a cargo de un presidente, un secretario y cinco vocales designados por el Poder Ejecutivo Nacional, y solo el primero sería remunerado por sus tareas.

Actualmente, la Conabip se financia con un porcentaje de lo recaudado por Lotería Nacional, una medida que consiguió la presidenta saliente, María del Carmen Bianchi, que logró en 2005 incluir a la Conabip en el Presupuesto Nacional y logró triplicar el presupuesto durante los ocho años de su gestión.

El proyecto de ley ómnibus “sustrae el Fondo Especial del cual se distribuyen los subsidios a las bibliotecas populares, lo que constituye un derecho adquirido desde 1986. Esos fondos provienen de un porcentaje de los premios pagados en los distintos juegos de Lotería nacional y se aplica absoluta y completamente a las actividades de las bibliotecas populares”, sostuvo Bianchi en diálogo con Télam.

“Creo que lo más importante sigue siendo exigirle a los legisladores y legisladoras de Unión por la Patria, de la Unión Cívica Radical y del nuevo bloque que conduce (Miguel Ángel) Pichetto que trabajen y se expresen en contra del DNU, que haya un rechazo total, porque el DNU quiebra el Congreso”, consideró Bianchi.

Este proyecto de ley “tiene todas las posibilidades de ser discutido en el Congreso, parte por parte; y de hacer propuestas de modificación. Si el Congreso está quebrado por la ignominia que significaría aceptar el DNU entonces la discusión y el debate acerca de todo esto va a ser muy difícil”, sostuvo.

Bianchi fustigó la iniciativa oficial, al señalar que “todas las modificaciones que hace son absolutamente ridículas, inconducentes y propias de la ignorancia sobre la existencia de las bibliotecas populares y de la Conabip que este año cumple nada menos que 153 años. Es una política de lectura que ha atravesado tres siglos y que es reconocida regional e internacionalmente por la asociación entre el Estado y la sociedad, y en la prestación de servicios continuos en cada uno de los barrios, localidades y comunidades rurales”.

Brian Urban, presidente de la Biblioteca Sarmiento, de Tandil, señaló a Télam que es un proyecto de ley “que viene a desfinanciar el funcionamiento de las bibliotecas y, más grave aún, viene a arrasar con el fondo especial de bibliotecas para programas de promoción de la lectura, y otros programas como el de conectividad de información ciudadana, el de Libro % -reconocido mundialmente- que otorga a las bibliotecas un monto para realizar compras de textos en la Feria del Libro una vez al año para los lectores de la comunidad y financia que dos personas puedan ir a la feria”.

“Lo que está garantizado por ley se corta a la mitad, saca el fondo especial, pero además se prorroga el presupuesto nacional”, dijo Urban, que desarrolla la presidencia de la biblioteca ad honorem.

La iniciativa legislativa prevé eliminar además las tarifas reducidas a los servicios públicos para las Bibliotecas Populares así como los beneficios de gravamen fiscal. También promueve la desaparición de la Junta Representativa, es decir un órgano federal dentro de la Conabip. Hasta ahora la Junta estaba compuesta “por un representante por provincia y uno por la Capital Federal”.

Ese modelo de representación de la Conabip es, para Urban, “único en el mundo porque, con este sistema, las bibliotecas son organizadas por sus propias comunidades a través de una Junta representativa, que es un espacio de diálogo federal democrático”.

Para el titular de la biblioteca tandilense, estas instituciones constituyen “un entramado social único en el mundo, ya que, por ejemplo, se dan talleres de alfabetización digital, se trabajan cuestiones de infancia, situaciones barriales, hay salas de acceso informático y para vecinos que no tienen internet o computadora en su casa”.

La biblioteca que dirige Urban tiene 600 socios en un barrio de clase media trabajadora, algunos de los cuales aportan 500 pesos por mes. Quienes no son socios también pueden utilizar los servicios que la biblioteca brinda. Para muchos son el único lugar de acceso a la información, de ver cine o acceder a una obra de teatro, y también funciona la Defensoría del Pueblo.

“Sin cultura no hay libertad”, afirma Urban y opina que el proyecto de ley “rompe el sistema republicano”.

Jorge Marchini, presidente de la biblioteca pública Saavedra, del barrio porteño del mismo nombre, destacó la trayectoria de la Conabip que se alteraría completamente con la iniciativa del gobierno.

“La Conabip tiene desde hace 153 años, una tradición de sostener el fenómeno de la lectura, de promoción de la cultura, de insertarse en la sociedad de forma no elitista, sino justamente de acuerdo a la iniciativa de la sociedad”.

Por otra parte, señala que “el mantenimiento de los edificios y las actividades más importantes no es dependiente del Estado, sino que se sostienen con los recursos de la propia comunidad, sin pedirle un solo peso al Estado, en nuestro caso una asociación”.

Sobre la quita de fondos a la Conabip, Marchini destacó que uno de los ejes fundamentales del organismo es “el apoyo sin ningún tipo de discriminación para que todas las bibliotecas puedan hacer sus compras según la demanda de sus socios en la Feria del libro, con un descuento del 50% -por un acuerdo de Conabip y las editoriales- a través de un subsidio. La compra de libros permite la actualización de las obras, más aún teniendo en cuenta la crisis como la actual, que por los precios, dificulta la compra de libros, a los que no se puede llegar si no es a través de las bibliotecas populares”.

Marchini también cuestionó la clasificación que contempla el proyecto de ley acerca de la necesidad de las bibliotecas. “Es un tipo de clasificación muy extraña. El texto del proyecto habla de cantidad de libros, de rotación, que son cuestiones muy graves: la cantidad de libros no significa nada respecto de la función de la biblioteca que es promover, difundir, ampliar el acercamiento al libro”, dijo al tiempo que calificó el criterio de clasificación como “discrecional”.

“La ironía de esto es de quienes vienen con el discurso de las castas. En el caso de Conabip esta cuestión de castas no existía. Ahora aparece una forma de dirección en que la presidencia nombra a todos los directivos, y se convierte en un club de amigos, de castas de amigos, que tienen preferencias, discriminaciones. Son los peligros que suceden cuando las instituciones son cooptadas de esta manera”, fustigó.

“No vamos a ceder. Nos vamos a unir con todas las bibliotecas populares del país para tener una voz común, un reclamo común. Un país que aspira a tener futuro tiene que aspirar a que el acceso a la cultura, a los libros sea democrático, transparente”, consideró.

Una biblioteca en la villa

La Biblioteca Popular La Cárcova funciona en villa basural, un barrio popular de José León Suárez, en San Martín, desde hace 12 años, cuenta a Télam la presidenta de ese espacio Gisela Pérez.

“Nacimos desde la basura, estamos a metros del Ceamse y claramente muchas de las familias que viven en nuestro territorio viven, comen y trabajan donde diariamente se depositan 20 toneladas de basura que es recolectada del Amba”, explica Pérez.

La biblioteca nació en una casilla y a lo largo de los años fue creciendo y tomando otra forma. “Hemos construido una biblioteca digna en nuestro barrio con muchos proyectos: se construyó un espacio de primera infancia que está pegadito a la biblioteca y otro proyecto productivo que se llama Toco madera, que está dos cuadras, y brinda trabajo a mujeres, espacios de calidad a niños y jóvenes; y ofrece talleres de apoyo escolar, música, grabación, panadería a la terminalidad educativa de la secundaria con el programa Fines y somos un puente con la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad de Buenos Aires”.

El reconocimiento como biblioteca popular le llegó hace dos años, cuenta Pérez quien destacó el sistema de bibliotecas populares de Argentina, del que señala que “es muy reconocido a nivel global. Somos casi el único somos el único país que tenemos un organismo que protege y promociona la creación de bibliotecas populares”.

Ante el proyecto de ley, la joven considera que “más de 1.500 bibliotecas populares de Argentina están en riesgo de vida, porque los fondos -que se cortarían- son para pagar el alquiler, la luz, el agua, los gastos fijos de la biblioteca, el salario de los bibliotecarios, la verdad que nos apena muchísimo esta situación”.

Ante este panorama “las bibliotecas nos estamos uniendo para salir a la calle, para contarle a nuestra comunidad el riesgo que estamos teniendo que es inminente y que es un ataque a la comunidad en sí. Trabajamos para garantizar el derecho a la educación. Nosotros en nuestras comunidades, podemos creamos un presente, creamos futuro”.

Fuente: Télam