El gobierno español busca instaurar un impuesto temporal y excepcional al 1% más rico de la población, a fin de financiar las medidas para compensar la escalada de la inflación, anunció hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
"Nuestro interés es que podamos financiar ayudas que se dirigen a la clase media, la clase trabajadora de este país", que son "los que proporcionalmente más contribuyen a financiar los servicios públicos", explicó la funcionaria en la cadena de televisión La Sexta.
Por este motivo, el gobierno está "trabajando" para poner en marcha un impuesto "de forma absolutamente excepcional", siguiendo al ya anunciado para los grandes grupos energéticos y bancarios del país, para conseguir "una mayor aportación" de las grandes fortunas al presupuesto, continuó.
Según Montero, este impuesto debería entrar en vigor en 2023 por un periodo de "dos años" y afectar a "una población que no supere el 1% de la ciudadanía".
No precisó, sin embargo, qué forma adoptaría este gravamen excepcional, ni qué cantidad de ingresos pretende recaudar el Ejecutivo, señaló la agencia de noticias AFP.
El anuncio llega en plena batalla fiscal entre el gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y el Partido Popular (PP, derecha conservadora), la principal formación de la oposición, que ya anunció bajas de impuestos en varias de las regiones que gobierna.
Estas medidas fiscales -que afectan a los impuestos de la renta, pero también a los de patrimonio, como ocurre en Andalucía- fueron muy criticadas por la izquierda, que denuncia una política de "dumping fiscal" que pervierte el equilibrio entre territorios, en momentos en que España acumula numerosos gastos.
El dumping fiscal es la lucha entre las comunidades autónomas para conseguir las sedes sociales de las empresas gracias al margen que tienen para regular determinados impuestos.
Enfrentada a una alta inflación (10,4% anual en agosto), España multiplicó estos últimos meses las medidas para sostener el poder de compra de los hogares, como las subvenciones a los carburantes y de parte de los abonos de transporte público o la suba de las pensiones.
Sánchez cifró en casi 30.000 millones de euros (unos 29.500 millones de dólares) el gasto que suponen estos diferentes planes de ayuda, lo que equivale al 2,3% del Producto Bruto Interno (PBI) del país. (Télam)