La Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía de Colombia, creada a partir del acuerdo de paz con las FARC, en 2016, afirmó hoy que en 2021 logró esclarecer el 68,35% de los homicidios de líderes sociales reconocidos por la ONU y destacó una mejora en la investigación de ataques a exintegrantes de las guerrillas armadas, informó la prensa local.
En 285 de los 417 casos de líderes sociales asesinados hasta 2021 hubo alguna actuación judicial: capturas, imputaciones, llamados a juicio o condenas, señaló la Fiscalía, que basa en esos datos su enfoque esclarecimiento de casi tres cuartas partes de los procesos.
“Esto representa un aumento de 16 puntos porcentuales, en el entendido de que, en febrero de 2020, el avance de esclarecimiento se ubicaba en 52%”, explicó el ente investigador en un comunicado citado por medios bogotanos.
La Unidad Especial de Investigación destacó además los resultados de su búsqueda de esclarecimientos de crímenes contra reincorporados a la vida civil exFARC y sus familias.
En total la entidad tiene registro de 414 hechos, entre homicidios (284), tentativas de homicidio (47) y desapariciones forzadas (21). Hubo 56 homicidios de familiares, cinco intentos de asesinato y un caso de desaparición forzada.
La Fiscalía asegura que logró avances en el 59% de los expedientes, lo que implica un incremento del 12% en la tasa de esclarecimiento, que estaba en 46,46%.
“El material de prueba obtenido por la Fiscalía da cuenta de que los grupos armados organizados son los mayores responsables de las agresiones y actos violentos contra defensores de derechos humanos, reincorporados y sus familiares”, añadió la entidad.
El informe parece llamado a generar polémica, porque precisamente el asesinato de líderes sociales y de exinsurgentes es uno de los puntos que organizaciones de derechos humanos y la CIDH, por ejemplo, más cuestionan al Estado colombiano.
El documento de la Fiscalía menciona que el mayor número de agresiones proviene de las disidencias de las FARC –que quedaron fuera del acuerdo-, del Clan del Golfo y del ELN, sin responsabilidad aparente de los grupos paramilitares de marcada actuación en el país.
El director de la Unidad Especial de Investigación, Hernando Toro Parra, destacó que los “logros” se debieron al “trabajo articulado” de 13 proyectos investigativos en Putumayo, Antioquia, Bajo Cauca y Sur de Córdoba, Norte de Cauca, Norte de Santander, Huila, Meta, Casanare, Riosucio (Chocó), Arauca, Caquetá, Sur de Bolívar y Tumaco (Nariño).
Se trata de una estrategia de la Unidad que priorizó las zonas del país en las que confluyen los récords de asesinatos de excombatientes y líderes sociales.
“En estos proyectos, creados para investigar hechos posiblemente relacionados por temporalidad, ubicación y el mismo responsable, se conocieron 585 afectaciones a civiles (322), reincorporados y familiares (147), defensores de DDHH (92), integrantes de las Fuerzas Armadas (20) y funcionarios (4)”, explicó la Fiscalía. (Télam)