ONG de 5 países denunciaron a Bayer ante la OCDE

Seis organizaciones de Derechos Humanos de cuatro países de América Latina y de Alemania, entre ellas el CELS, de Argentina, denunciaron este jueves ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a la empresa Bayer-Monsanto por su responsabilidad frente al impacto ambiental y en la salud de los pobladores causados por el modelo de negocios impulsado por las semillas transgénicas y el uso de agroquímicos.

Se trata de un recurso de queja que realizaron, además del CELS, las organizaciones Terra de Direitos (Brasil), Base-IS (Paraguay), Fundación TIERRA (Bolivia), Misereor y el Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ambos de Alemania).

La presentación toma casos testigos de cuatro países de América Latina (Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia) con los que se pretende demostrar -señala-  “la violación de los derechos humanos a la salud, a la alimentación, al agua, al medio ambiente, a la vivienda, a la tierra y/o territorio y a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas”.

“Hoy hemos presentado una denuncia contra Bayer ante el punto de contacto de la OCDE en Alemania porque encontramos que esta empresa no está respetando los Derechos Humanos y las empresas multinacionales en Alemania tienen este deber y para ello deben incorporar políticas de debida diligencia”, indicó Silvia Rojas Castro, asesora legal empresas y derechos humanos, ECCHR (Alemania) durante la presentación a la prensa.

“Nuestra queja -continuó- argumenta que Bayer está incumpliendo con las directrices sobre conducta empresarial responsable de la OCDE. Por un lado, las políticas de debida diligencia de Bayer en el sector de la soja genéticamente modificada y los pesticidas a base de glifosato son insuficientes”.

Y añadió que “tras un cuidadoso estudio de la forma en la que opera la empresa en los cuatro países y las políticas actuales en la materia encontramos que estas son inadecuadas para identificar, priorizar, prevenir y mitigar los riesgos e impactos asociados al cultivo de soja y el uso de pesticidas”

“Además, con los casos incluidos en la queja vemos cómo Bayer está claramente contribuyendo a la violación de los Derechos Humanos incluyendo el derecho a un ambiente sano, alimentación, a la salud y a la tierra. Finalmente Bayer no está tomando medidas para reparar los daños que actualmente ocurren”, sostuvo.

La OCDE es un organismo internacional que establece recomendaciones sobre cómo deben actuar las empresas multinacionales en temas como derechos humanos y medio ambiente.

Tras la presentación realizada ante el punto de contacto en Alemania, la OCDE tiene hasta tres meses para decidir si lo admite o no; en caso de ser admitida, el siguiente paso es una mediación con la empresa; de no llegar a un acuerdo, la OCDE no puede multar a Bayer pero sí puede emitir recomendaciones y monitorear su cumplimiento. 

Bayer-Monsanto: pioneros del modelo del agronegocio

La empresa Bayer AG/Monsanto está a la cabeza del modelo de agronegocio en América del Sur a través de la venta de semillas de soja genéticamente modificadas y pesticidas a base de glifosato en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay.

“Monsanto (comprada luego por Bayer) fue la primera empresa que impulsó la introducción de la soja genéticamente modificada en los cuatro países representados en esta queja. En 1996, la entonces denominada Secretaría de Agricultura, de Argentina, autorizó por primera vez el uso de un evento transgénico, la soja “RR”, desarrollada a partir de tecnología de la empresa Monsanto.

Dos años después el mismo evento transgénico se registró en Brasil, en 2001 en Paraguay, y en 2005 también en Bolivia”, recordó María José Venancio, abogada del CELS al hacer un breve repaso de la responsabilidad de esta empresa en el modelo actual del agronegocio en Latinoamérica.

Y añadió que “desde entonces la región experimentó un crecimiento acelerado de la agricultura transgénica, y especialmente del cultivo de la soja”.

La especialista detalló que se estima que en el Cono Sur, entre principios de la década de 1990 y 2017, “se desmontaron 2 millones de hectáreas por año para dejar espacio a los cultivos de soja transgénica”.

En la actualidad, Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia se encuentran entre los diez mayores productores de soja del mundo y más del 60% de sus tierras agrícolas se destinan a este cultivo. Además, el 90% de la soja cultivada en los cuatro países es transgénica.

“Este proceso vino acompañado de un crecimiento exponencial del uso de agroquímicos. En Bolivia el uso de agroquímicos se triplicó desde 1999. Paraguay en 2017 fue el importador del 6,4% del total mundial de agrotóxicos y casi la mitad de esas importaciones correspondieron a glifosato. En Brasil el uso del glifosato triplicó su volumen entre 2000 y 2010. En Argentina se multiplicó por 7 entre 1997 y 2017”, describió.

El impacto de este modelo es múltiple: por un lado, se contamina el agua, la tierra y el aire en los lugares donde se cultiva soja transgénica, y como consecuencia se utilizan agroquímicos; por el otro, esta contaminación no sólo arrasa con la biodiversidad vegetal y animal y erosiona los suelos, sino que afecta la salud de los pobladores generando todo tipo de problemas que van desde cuadros agudos (dolor de cabeza, vómitos, diarreas y afecciones respiratorias inmediatamente después de la fumigación) hasta afecciones crónicas como mayor prevalencia de cáncer, mayores abortos espontáneos, enfermedades respiratorias etc.

Pero este tipo de producción tiene un impacto también sobre el desplazamiento de las comunidades en los territorios: “Las zonas líderes en la producción de soja en Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina se caracterizan por la presencia de conflictos en los que se disputan los derechos de tenencia de la tierra”, explicó por su parte Daisy Ribeiro, directora Programa Iguaçu, Terra de Direitos (Brasil).

Y continuó: “La tierra es el recurso más importante para el cultivo intensivo de soja en la región, lo que provoca una expansión creciente sobre los territorios de comunidades y profundiza los conflictos. En este contexto, las comunidades rurales, incluidas las presentadas en esta instancia, sufren desalojos ilegales, ataques armados, envenenamiento por fumigaciones intensivas o ilegales y criminalización por parte de los productores de soja”.

Si bien la denuncia es contra la empresa Bayer, las organizaciones remarcaron que frente a este avance del sector privado, “los Estados conceden poca o ninguna protección a su modo de vida tradicional, incluso en la concesión de títulos de propiedad”.

“Ante esta situación, las organizaciones campesinas e indígenas han iniciado denuncias y procesos de reivindicación de sus derechos territoriales. Los terratenientes y el sector agroindustrial responden a esta demanda de respeto a sus derechos con intimidación, criminalización y agresiones físicas contra la población”, detalló Ribeiro.

Y a modo de ejemplo citó: “En Argentina, los productores rurales han sido acusados de denuncias penales por fumigaciones infligiendo amenazas, daños y hostigamiento contra las víctimas de las fumigaciones; en Brasil, los Avá Guaraní han presenciado incluso la fumigación como arma química. Es decir, la fumigación intencional de aldeas para alcanzar casas, campos y a los propios indígenas”.

Otro caso es el de la colonia Yvype, en Paraguay, donde los productores de soja de los campos cercanos y linderos a la comunidad han procedido a denunciar a miembros de la comunidad campesina por el delito de “invasión de tierras”.

Esta realidad tiene un impacto sobre la soberanía alimentaria de los pueblos en cuyos territorios no crece más que la soja transgénica, destruyendo la posibilidad de cultivos de subsistencia, lo que da lugar a la necesidad de compra de alimentos, el aumento de precio y en definitiva el empobrecimiento de los territorios.

“En la zona sojera de Santa Cruz, Bolivia, 256 aldeas habitadas en su mayoría por familias campesinas, migrantes rurales e indígenas están rodeadas por campos de soja a una distancia de 500 metros o menos del perímetro de los asentamientos humanos, lo que imposibilita la agricultura familiar diversificada en este contexto”, describió. 

El caso argentino

La historia de Sabrina Ortiz, y sobre todo su lucha, es emblemática a la hora de mostrar los efectos del modelo del agronegocio sobre los territorios y los cuerpos.

En XX Sabrina se mudó con su familia al barrio Villa Alicia, en la localidad bonaerense de Pergamino, lindante con campos de soja; en 2011 empezaron a tener problemas de salud graves como alergias y afecciones respiratorias que, se supo luego, eran consecuencias de las fumigaciones: en sus análisis se detectó que tanto ella como sus hijos tenían altos niveles de glifosato y ampa (que es el metabolito del glifosato).

Desde entonces, Sabrina comenzó un largo camino de denuncias, tanto públicas como en la Justicia, además de que se tuvo que mudar por prescripción médica.

En septiembre de 2019 la Justicia dispuso una medida cautelar que estableció la prohibición de pulverizar a menos de 1.095 metros de cualquier zona urbana de Pergamino y a una distancia de 3.000 metros tratándose de fumigaciones aéreas.

Ese mismo año fueron procesados tres productores rurales por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de “contaminación del ambiente en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos (agrotóxicos)” y a dos funcionarios municipales, dependientes de la Secretaría de Producción y la Secretaría General, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en forma continuada.

En el transcurso de la investigación se ordenaron allanamientos en los campos en los que se realizaban las fumigaciones y se encontraron productos -agroquímicos para fumigar- de la marca comercial perteneciente a Monsanto S.A., hoy Bayer. 

Lo que se espera con la denuncia

A partir de la mediación, las seis organizaciones esperan que Bayer “adapte sus política de debida diligencia”, por ejemplo, para mejorar la forma en la que la empresa identifica y prioriza los riesgos asociados a la soja y al glifosato.

“Bayer debería tener el cuenta los altos niveles de deforestación, de conflictos, de afectaciones a las comunidad campesinas e indígenas de la región; más concretamente consideramos que en sus prácticas empresariales debería tomar medidas sobre las formas en la que distribuye sus productos y en el etiquetado de los mismos para asegurarse de que al momento de vender los productos los aplicadores lo hagan de manera correcta”, señaló  Silvia Rojas Castro.

Y concluyó: “Sabemos que el mal uso de los productos es generalizado y Bayer no toma ninguna medida al respecto; por ejemplo, los programas de entrenamiento que tiene son insuficientes y la empresa no tiene en cuenta el impacto a la salud que causa en las zonas aledañas. Éste es sólo un ejemplo de cómo la empresa debería adaptar sus políticas y sus programas. Además debería remediar los efectos que ya se produjeron”.

La denuncia actual es la primera de este tipo realizada en Alemania contra una empresa que presenta un panorama regional del impacto del modelo agroindustrial; hay sólo un antecedente de similar: una denuncia contra Syngenta en Suiza por el uso de agroquímicos y sus efectos sobre la salud de la población en la India. (ST)