Empresarios platenses reconocieron que participaron de la reunión de la "Gestapo macrista"
La semana pasada, se difundió un video de esa reunión, en la cual participó también el intendente de La Plata, Julio Garro.
Asociaciones de empresarios de la construcción de La Plata reconocieron en un comunicado haber participado de un reunión encabezada en 2017 por el entonces ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas y funcionarios de la AFI, que se llevó a cabo en la sede porteña del Banco Provincia, pero dijeron que concurrieron para "abordar la problemática relación" que existía "con quien ejercía la conducción de la Uocra" en la capital provincial, en clara referencia al sindicalista Juan Pablo "Pata" Medina.
La semana pasada, se difundió un video de esa reunión, en la cual participó también el intendente de La Plata, Julio Garro, y en la cual se discutió un supuesto armado de causas judiciales contra sindicalistas.
En ese registro audiovisual, Villegas manifestó sus deseos de contar con una organización como la "Gestapo" (la policía política que operó durante el régimen de la Alemania nazi) para accionar contra los gremios en Argentina.
En el texto -firmado por la Unión Industrial Del Gran La Plata; Apymeco, la Cámara de Desarrolladores Urbanos (CDU); el Colegio de ingenieros CIV (La Plata); el Colegio de Arquitectos Capba I (La Plata); Capec; y Acimco- los empresarios rechazaron las "expresiones anticonstitucionales" que se aprecian en el video.
"A partir de los hechos de público conocimiento queremos comunicar a la opinión pública que las instituciones abajo firmantes asistimos a una reunión de trabajo con funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Provincial hace cuatro años, en una dependencia estatal, con el fin de abordar la problemática relación con quien ejercía la conducción de la Uocra regional La Plata por medio de una metodología basada en extorsiones, violencia y bloqueos de las obras que se ejecutaban en nuestra región", señalaron desde la entidades patronales.
Precisaron que "la violencia no estaba originada en conflictos laborales. Esto se evidencia en lo ocurrido con las dos gestiones anteriores de normalización gremial que realizó la UOCRA nacional, las cuales tuvieron que interrumpir la intervención e irse 'viendo que la problemática sigue su curso' y 'no pudiendo cumplir la tarea encomendada', a cuatro años del inicio de la normalización, según sus propias declaraciones públicas".
No obstante, pusieron de relieve el haber reconocido y valorado siempre "el legítimo e irremplazable rol de los gremios en el marco de la relación laboral, como representantes de los trabajadores y generadores del diálogo social".
En ese marco, resaltaron haber mantenido una relación "armónica, respetuosa y sustentable" con los sindicatos, enfatizaron que su trayectoria "se construye en base a un sólido apego y respeto a los rasgos distintivos del Estado democrático: la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos de las personas".
"Estas convicciones no son compatibles con expresiones anticonstitucionales, como las que se vertieron en esa reunión de trabajo, las cuales no avalamos", apuntaron.
Con todo, destacaron que a lo largo de 20 años realizaron presentaciones judiciales para requerir "administración de Justicia a quien le compete ese rol" e indicaron que "esta reunión no modificó en nada el espíritu de las mismas, ni la necesidad y legalidad del histórico reclamo de muchas instituciones que dan trabajo a miles de ciudadanos y que se ven perjudicadas por este accionar violento e ilegal, de las cuales todos los actores del sector y funcionarios están al tanto, aunque algunos eligieron en su momento mirar para otro lado".
Recordaron que muchos de ellos y sus familias fueron amenazados "por parte de estos grupos violentos, que actúan fuera de la ley y de toda norma constitucional" y añadieron: "los hechos de violencia de estas facciones tienen largos capítulos descriptos en los medios".
"Seguiremos, como siempre, combatiendo a la violencia institucionalizada y las extorsiones con la herramienta que indica la Constitución Argentina: la ley", concluyeron.
La semana pasada, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentó una denuncia ante la justicia federal de La Plata, luego de que encontrara en ese organismo un disco que contenía una grabación realizada el 15 de junio de 2017, en la que funcionarios del Gobierno de María Eugenia Vidal y agentes de inteligencia orquestaban una persecución y armado de causas a organizaciones sindicales.
En el video aparecían, además de Villegas y Garro, el exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia bonaerense; y Juan Pablo Allan, senador provincial.
También fueron registrados los agentes de inteligencia Sebastián De Stefano, director de Asuntos Jurídicos de la AFI y Darío Biorci, por entonces cuñado y jefe de gabinete de Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI junto con varios empresarios de la actividad.
La semana pasada, se difundió un video de esa reunión, en la cual participó también el intendente de La Plata, Julio Garro, y en la cual se discutió un supuesto armado de causas judiciales contra sindicalistas.
En ese registro audiovisual, Villegas manifestó sus deseos de contar con una organización como la "Gestapo" (la policía política que operó durante el régimen de la Alemania nazi) para accionar contra los gremios en Argentina.
En el texto -firmado por la Unión Industrial Del Gran La Plata; Apymeco, la Cámara de Desarrolladores Urbanos (CDU); el Colegio de ingenieros CIV (La Plata); el Colegio de Arquitectos Capba I (La Plata); Capec; y Acimco- los empresarios rechazaron las "expresiones anticonstitucionales" que se aprecian en el video.
"A partir de los hechos de público conocimiento queremos comunicar a la opinión pública que las instituciones abajo firmantes asistimos a una reunión de trabajo con funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Provincial hace cuatro años, en una dependencia estatal, con el fin de abordar la problemática relación con quien ejercía la conducción de la Uocra regional La Plata por medio de una metodología basada en extorsiones, violencia y bloqueos de las obras que se ejecutaban en nuestra región", señalaron desde la entidades patronales.
Precisaron que "la violencia no estaba originada en conflictos laborales. Esto se evidencia en lo ocurrido con las dos gestiones anteriores de normalización gremial que realizó la UOCRA nacional, las cuales tuvieron que interrumpir la intervención e irse 'viendo que la problemática sigue su curso' y 'no pudiendo cumplir la tarea encomendada', a cuatro años del inicio de la normalización, según sus propias declaraciones públicas".
No obstante, pusieron de relieve el haber reconocido y valorado siempre "el legítimo e irremplazable rol de los gremios en el marco de la relación laboral, como representantes de los trabajadores y generadores del diálogo social".
En ese marco, resaltaron haber mantenido una relación "armónica, respetuosa y sustentable" con los sindicatos, enfatizaron que su trayectoria "se construye en base a un sólido apego y respeto a los rasgos distintivos del Estado democrático: la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos de las personas".
"Estas convicciones no son compatibles con expresiones anticonstitucionales, como las que se vertieron en esa reunión de trabajo, las cuales no avalamos", apuntaron.
Con todo, destacaron que a lo largo de 20 años realizaron presentaciones judiciales para requerir "administración de Justicia a quien le compete ese rol" e indicaron que "esta reunión no modificó en nada el espíritu de las mismas, ni la necesidad y legalidad del histórico reclamo de muchas instituciones que dan trabajo a miles de ciudadanos y que se ven perjudicadas por este accionar violento e ilegal, de las cuales todos los actores del sector y funcionarios están al tanto, aunque algunos eligieron en su momento mirar para otro lado".
Recordaron que muchos de ellos y sus familias fueron amenazados "por parte de estos grupos violentos, que actúan fuera de la ley y de toda norma constitucional" y añadieron: "los hechos de violencia de estas facciones tienen largos capítulos descriptos en los medios".
"Seguiremos, como siempre, combatiendo a la violencia institucionalizada y las extorsiones con la herramienta que indica la Constitución Argentina: la ley", concluyeron.
La semana pasada, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentó una denuncia ante la justicia federal de La Plata, luego de que encontrara en ese organismo un disco que contenía una grabación realizada el 15 de junio de 2017, en la que funcionarios del Gobierno de María Eugenia Vidal y agentes de inteligencia orquestaban una persecución y armado de causas a organizaciones sindicales.
En el video aparecían, además de Villegas y Garro, el exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia bonaerense; y Juan Pablo Allan, senador provincial.
También fueron registrados los agentes de inteligencia Sebastián De Stefano, director de Asuntos Jurídicos de la AFI y Darío Biorci, por entonces cuñado y jefe de gabinete de Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI junto con varios empresarios de la actividad.
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