El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, le dio un total respaldo a su ministro del Interior, Patricio Carrillo, ante el juicio político que deberá enfrentar en el Legislativo por presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden durante el paro nacional en junio pasado.
“Mi respaldo total a Patricio Carrillo, ante el injusto e irresponsable juicio político en su contra. Con la seguridad no se juega”, tuiteó el mandatario.
La intervención presidencial ocurre luego de que la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional aprobara por consenso de sus 9 integrantes un informe que recomienda el juicio político contra los ministros de Defensa, del Interior y del Centro de Inteligencia Estratégica, recordó la agencia de noticias Sputnik.
Ante ello, el mandatario ecuatoriano advirtió que estarán atentos de la actuación de la Asamblea Nacional y de cada uno de los partidos que apoyen este juicio político.
”Si los condenan serán responsables de las consecuencias”, dijo tras calificar de irresponsables a los asambleístas que aprobaron el documento.
Lasso alegó que el ministro Carrillo desarrolla un “gran trabajo” en la tarea de combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado.
El titular del Interior, por su parte, se defendió en redes al señalar que “queda claro quiénes buscan juicio político y quiénes llevan la posta comunicacional de desprestigio a la política de seguridad”.
El accionar del ahora ministro del Interior fue cuestionado en 2019, cuando desde el cargo de Inspector General de Policía dirigió los operativos de seguridad en octubre de ese año, que causaron ocho muertos y 1.340 heridos.
También Carrillo llegó a ser considerado la “mano derecha” de María Paula Romo, ministra de Gobierno de Lenín Moreno que fue censurada y destituida en un juicio político en noviembre de 2020.
El informe aprobado el miércoles pasado por la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, señala que se pudo comprobar el incumplimiento de funciones de las fuerzas del orden durante el paro y las protestas.
Según la fuente, del total de las fuerzas del orden involucradas en las agresiones del paro nacional, el 80 por ciento corresponde a la Policía Nacional, un 14 por ciento al Ejército y 3 por ciento de la Policía local y otros tipos de agentes no identificados.
A consecuencia de la represión, entre el 13 y el 30 de junio se registraron ocho muertes en el contexto de las movilizaciones, de las cuales 7 fueron durante los 18 días del paro y una persona en los primeros días de agosto, posiblemente a consecuencia de las heridas de la agresión de la fuerza pública.
Entre otras acusaciones, se citan el uso excesivo de la fuerza, la detención arbitraria del líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, y la violación a recintos y predios universitarios, además de la inobservancia por parte de las Fuerzas Armadas de estándares de protección de derechos humanos.
También se identificó una supuesta agresión de posibles infiltrados a los agentes de control del Estado, en su mayoría policías, y daños a equipos policiales, así como presuntos hechos humillantes cometidos por agentes del orden con el uso de la fuerza de forma ilegítima. (Télam)