Por primera vez, diputados pueden hablar en lenguas regionales en el Parlamento español
La tumultuosa sesión llegó días antes de que el Congreso de los Diputados vote, la semana próxima, si elige como nuevo presidente del Gobierno al líder opositor Alberto Núñez Feijóo, cuyo derechista Partido Popular (PP) fue el más votado en las elecciones generales de junio pasado pero que no cuenta con los avales necesarios para lograr su investidura.
Si, como se espera, no lo consiguiera, se prevé que el rey Felipe VI nomine a Sánchez, del partido socialista PSOE, segundo en los comicios, como candidato a la reelección para que sea votado por en Diputados, donde confía en superar la prueba con el apoyo de partidos regionales independentistas de las norteñas comunidades autónomas de Cataluña, País Vasco y Galicia.
El mes pasado, el Gobierno en funciones de Sánchez acordó el uso de las lenguas de España diferentes al castellano en el Parlamento con partidos que ya han dicho que apoyarán su investidura y de otro catalán cuyo respaldo aún negocia, y luego envió una solicitud a la Unión Europea (UE) para permitir también su utilización en sus instituciones.
A poco de iniciada la sesión de hoy, todos los diputados del partido de ultraderecha Vox se retiraron del recinto cuando hablaba en gallego un diputado del PSOE de Galicia y devolvieron los aparatos que les habían dado para seguir la traducción en simultáneo.
"No vamos a ser cómplices de esta ruptura de nuestra convivencia", afirmó a periodistas en los pasillos del Parlamento María José Millán, presidenta del grupo parlamentario de Vox, una formación crítica de la acentuada descentralización de España.
"No usaremos traductores para comunicarnos con personas de Salamanca, Barcelona o Vigo", escribió Millán posteriormente en un mensaje en la red social X (antes Twitter).
El PP reclamó infructuosamente al inicio de la sesión que no se utilizaran estas lenguas hasta el jueves, cuando se aprobará formalmente el cambio en el reglamento del Parlamento, informó la agencia de noticias AFP.
Poder usar el catalán, el gallego y el vasco en las sesiones plenarias del Parlamento español era una demanda de larga data de los partidos nacionalistas de las regiones donde se utilizan.
Juntos por Cataluña, el partido del independentista catalán Carles Puigdemont, y otras formaciones catalanas, gallegas y vascas, lograron hacerla realidad en agosto cuando acordaron con el Gobierno aprobar el uso de sus lenguas en el Parlamento a cambio de elegir presidenta del Congreso de los Diputados a la socialista Francina Armengol, candidata de Sánchez.
"Es un día histórico (...) por fin se respetarán los derechos de los catalanohablantes", dijo en catalán Miriam Nogueras, presidenta del grupo parlamentario de Juntos por Cataluña.
El catalán, el vasco y el gallego tienen estatus de lengua cooficial en seis regiones de España, cuya única lengua oficial en todo el territorio es el castellano.
En Cataluña, País Vasco y Galicia se enseñan, junto al castellano, estas lenguas en los colegios y se utilizan en la administración pública y en el parlamento regional.
El partido de Puigdemont, expresidente regional catalán que huyó a Bélgica para escapar de la justicia española por un fallido intento de independencia de Cataluña en 2017, también exigió que Madrid buscara el reconocimiento del catalán, el vasco y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea.
La solicitud enviada a la UE por esto por el Gobierno de Sánchez fue debatida hoy en Bruselas por los ministros de Relaciones Europeos del bloque, que plantearon objeciones y pidieron más tiempo para decidir.
"Algunos estados miembros (de la UE) han pedido más tiempo para analizar" la propuesta española, dijo el ministro de Relaciones Exteriores español, José Manuel Albares, "y por este motivo hemos acordado seguir trabajando para dar respuesta y canalizar los comentarios".
Los votos de los siete diputados del partido de Puigdemont serán indispensables para Sánchez si quiere formar un nuevo Gobierno en las próximas semanas.
Para dar su apoyo, Puigdemont solicitó a cambio principalmente una amnistía para los independentistas procesados judicialmente por el intento de secesión de Cataluña de 2017.
(Télam)
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