Mundo Agencia Télam 17 de agosto de 2022

Comienza en Chile la iniciativa que obliga a los diputados a hacerse un test de drogas

La Camara de Diputados y Diputadas de Chile definio hoy por sorteo al primer grupo de 78 legisladores que se someteran a un test de drogas, en el puntapie de una iniciativa que los obliga a hacerse la prueba al menos dos veces durante su periodo de

La Cámara de Diputados y Diputadas de Chile definió hoy por sorteo al primer grupo de 78 legisladores que se someterán a un test de drogas, en el puntapié de una iniciativa que los obliga a hacerse la prueba al menos dos veces durante su período de cuatro años en el cargo.
La iniciativa fue incorporada al reglamento interno y busca descartar cualquier relación entre el cuerpo parlamentario y las redes de narcotráfico, además de elevar los estándares de transparencia en la labor del cuerpo.
El presidente de la Cámara, Raúl Soto (Partido Por la Democracia), y los parlamentarios Diego Schalper (Renovación Nacional), Maite Orsini (Revolución Democrática), Juan Antonio Coloma (Unión Demócrata Independiente) y Emilia Schneider (Comunes), son sólo algunos de los que integran la lista de 78 políticos que deberán someterse a la prueba en el laboratorio de la Universidad de Chile entre el próximo 22 y 30 de agosto.
Soto explicó que el resultado del test tarda entre 10 a 15 días y adelantó que el grupo que no fue sorteado en esta oportunidad deberá realizarse el test a finales de septiembre.
En este sentido, Soto subrayó que “dentro del plazo máximo de dos meses todos los parlamentarios tendrán que someterse a este test de droga”, en declaraciones a al canal TVN.
La medida es parte de un nuevo reglamento del órgano, e indica que el examen será periódico y de manera aleatoria, con la idea de que todos los parlamentarios deban realizárselo dos veces durante su periodo de cuatro años en el cargo.
Los resultados del test serán públicos, y los parlamentarios que den positivo deberán dar autorización para levantar su secreto bancario, y en caso de que exista una transacción por sobre los 30.000 dólares aproximadamente, deberá ser justificada.
En caso de que no se pueda hacerlo, la información será derivada a la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara o al Ministerio Público.
Los diputados también podrían negarse a realizarse el test, sin embargo, recibirán una sanción de parte de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara. (Télam)

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