La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires manifestó hoy su preocupación por el aumento de las prisiones domiciliarias y libertades condicionales dispuestas por la Justicia Federal a personas procesadas y condenadas por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado en la última dictadura cívico-militar.
En un comunicado se cuestionó la decisión y se indicó que a través de la Dirección de Querellas en Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad de la Dirección Provincial de Políticas Reparatorias, la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense "participa de manera activa como querellante en las causas en las que imputados y condenados fueron beneficiados".
Se detalló que en "ese rol acusatorio realiza un seguimiento de los expedientes y un control jurídico de los mismos, y en esa función exige rigurosidad al Poder Judicial Federal a la hora de otorgar esos beneficios así como de hacerlos cumplir".
La Cámara Federal de Casación Penal concedió en los últimos días al menos tres prisiones domiciliarias a represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, entre los que se encuentra el exDirector de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien tiene varias sentencias a perpetua, por lo que se estima que no se hará efectiva la domiciliaria.
Familiares de víctimas del represor cuestionaron el fallo de Casación y afirmaron que con esa resolución los jueces "volvieron a desaparecer a sus familiares".
Desde la Subsecretaría se indicó que "los crímenes investigados en estas causas representan graves violaciones a los derechos humanos que el Estado argentino tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar", y se destacó que las "penas deben ser cumplidas de manera efectiva y completa como parte de la reparación a las víctimas y a la sociedad".
Asimismo, se manifestó que, ante la seguidilla de decisiones judiciales que revirtieron decisiones tomadas por otras instancias judiciales y beneficiaron a genocidas condenados e imputados en causas en las que la Subsecretaría de Derechos Humanos es querellante, "se redoblaron los esfuerzos de los equipos de abogados para analizar cada caso e intentar evitar decisiones arbitrarias por parte del Poder Judicial". (Télam)