Confirman que hubo espionaje a opositores en Uruguay hasta 2005, pero delitos que ya prescribieron

Una investigación de Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos concluyó que desde el Estado que hubo “acciones irregulares e ilícitas de espionaje desde 1985 y en principio, hasta el 2005, por agencias de inteligencia del Estado” sobre dirigentes políticos, sindicales y de organizaciones populares, pero determinó también que esos delitos ya proscribieron.
A partir de una denuncia de legisladores de 2018, la Fiscalía a cargo de Enrique Rodríguez investigó posibles maniobras de inteligencia, aún en democracia.
De 1985 a 2005 presidieron Uruguay Julio Sanguinetti -en dos mandatos no consecutivos-, Luis Lacalle y Jorge Batlle. En marzo de 2005 comenzó el primer periodo del Frente Amplio, con Tabaré Vázquez.
“Es contundente la evidencia obtenida en cuanto a que, efectivamente, se efectuaron acciones irregulares e ilícitas de espionaje desde 1985 y en principio, hasta el 2005, por agencias de inteligencia del Estado”, señaló la Fiscalía en su sitio oficial y reportó el diario El País.
Las conclusiones de la investigación atribuyen esas maniobras a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, la Dirección General de Información de Defensa y la posteriormente denominada Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, todos organismos dependientes del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa.
“Queda claro también, que el objetivo del denominado espionaje fueron los partidos políticos, líderes y partidarios de los mismos, de distintos sectores. A su vez, lo fueron movimientos populares, los sindicatos, las organizaciones sociales, y en algún caso, integrantes de otros poderes del Estado, y un ente autónomo”, agregó el documento.
Rodríguez describió que esa tarea “se desarrolló mediante seguimientos, infiltraciones en sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos, y otros organismos; escuchas mediante captación de comunicaciones telefónicas; ingreso ilegal a domicilios, locales u otros inmuebles y fluido intercambio de información proporcionada por otras personas a las que se les pagaba por ese ‘trabajo’”.
El informe admite que de los hechos “emergen conductas presuntamente delictivas, que pueden quedar atrapadas por figuras penales”, entre ellas abuso de funciones, la omisión de denunciar delitos, pesquisa, violación de domicilio, interceptación telefónica, revelación de secreto telefónico, conocimiento de documentos secretos, públicos o privados y revelación de secretos.
Pero también revela que los presuntos delitos “tienen una pena máxima inferior a diez años, en particular”, por lo que “por ende está extinguida la posibilidad de ejercer la acción penal, la cual venció en 2015”.
(Télam)