La fiscal general de Peru abrio otra investigacion contra el hostigado presidente Castillo

La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, abrió una tercera investigación por presuntos delitos de corrupción contra el presidente Pedro Castillo, quien sigue bajo fuerte presión por los intentos de la oposición por destituirlo.
"La fiscal de la Nación (fiscal general) dispuso iniciar investigación al presidente de la República, Pedro Castillo, por presunto delito contra la Administración de Justicia- Encubrimiento Personal. Objeto de la misma son los recientes hechos referidos a los cambios en el sector Interior", informó el Ministerio Público en su cuenta de Twitter.
Castillo calificó de "circo" la nueva denuncia, y en un acto en Lima expresó: "Nosotros no tenemos tiempo para entretenernos en otras cosas, no estamos acá para hacer un circo. El país nos ha puesto para trabajar por el Perú".
Asimismo, señaló que su Gobierno está interesado en la "lucha frontal contra la corrupción" y en atender temas como la salud, el desarrollo y la lucha contra la pobreza.
Benavides tomó la decisión de iniciar la denuncia luego de escuchar ayer la declaración del exministro del Interior Mariano González.
El extitular del Interior fue destituido sorpresivamente de su cargo por el mandatario el martes, quien no dio explicaciones sobre su decisión, hecho que desató una nueva ofensiva contra Castillo, justo cuando su principal acusador perdía credibilidad para sustentar sus dichos con pruebas.
Luego de ser destituido, González, quien ejerció como ministro por solo dos semanas, afirmó en una primera declaración a la prensa que "no tenía ninguna duda de que Pedro Castillo estaba comprometido con actos de corrupción".
El exministro reafirmó sus acusaciones en diversos medios y ocasiones entre el ayer y hoy, reseñaron medios locales y la agencia de noticias Sputnik.
González también manifestó que el jefe de Estado estaría buscando obstruir a la justicia, pues alegó que su despido se debió al rechazo hacia su iniciativa de crear un equipo especial de la Policía Nacional que ayude a la fiscalía en sus investigaciones sobre presunta corrupción a funcionarios y exfuncionarios.
Actualmente, diversos funcionarios y exfuncionarios son investigados por presunta corrupción por la fiscalía, incluido el gobernante de izquierda.
La fiscal general ya abrió previamente dos investigaciones a Castillo, una por ser miembro de una presunta mafia que operaba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y la segunda por estar presumiblemente involucrado en ascensos indebidos de altos mandos del Ejército peruano.
González, que recibe amplia cobertura mediática de quienes apoyan la salida de Castillo, se mantiene en su postura y mañana se presentará ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde se descuenta que encontrará aliados para su idea de que el Gobierno aborte cuanto antes.
Castillo reemplazó a González por Willy Huerta, su séptimo ministro de Interior. El exministro descalificó al mandatario y a su gabinete ministerial y pidió que las calles se pronuncien para forzar que un Gobierno interino a cargo de la vicepresidenta, Dina Boluarte, dirija un nuevo proceso electoral.
El recrudecimiento del escándalo se dio en momentos en que, según admiten medios de prensa, la credibilidad del principal acusador de Castillo, Zamir Villaverde, está en picada porque no aporta pruebas.
La acusación constitucional es una de las herramientas que maneja la oposición de derecha para lograr que Castillo deje el cargo mucho antes de 2026, cuando termina su período y la otra opción es lograr 87 votos (de 130) en el Congreso para destituirlo por “incapacidad moral”, pero eso al parecer aún no es viable por la correlación de fuerzas.
Castillo cumplirá la próxima semana un año de un gobierno que ha transcurrido en medio de denuncias y de fricciones sin tregua entre Ejecutivo y Legislativo.
(Télam)