El parlamento de Nicaragua canceló hoy la personalidad jurídica de más de 80 ONGs, entre ellas la de la Academia Nicaragüense de la Lengua, tras 94 años de existencia, acusada por el Gobierno de Daniel Ortega de no registrarse como un agente extranjero.
Un total de 83 ONGs fueron canceladas por haber "transgredido e incumplido con sus obligaciones" y haber "obstaculizado el control y la vigilancia" del Ministerio de la Gobernación (Migob) sobre esas entidades, informó la agencia de noticias AFP.
Sin ningún debate en el pleno de la cámara, las cancelaciones de personerías fueron aprobadas mediante un decreto legislativo presentado por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez,a petición del Migob, entidad del Gobierno que supervisa a las ONGs.
Entre las faltas señaladas a las ONGs canceladas, están las de "incumplir con el registro como agente extranjero; no reportar sus informes financieros y no promover la transparencia en el uso de los fondos, desconociéndose la ejecución de los mismos y si fueron acorde con los objetivos y fines por los que se les otorgó la personalidad jurídica".
La Academia Nicaragüense de la Lengua (ANL), con sede en Managua, fue creada en agosto de 1928, y entre sus miembros destacados figuran el escritor Sergio Ramírez y la novelista y poetisa Gioconda Belli, ambos radicados en España.
La ANL había rechazado los señalamientos y mencionó quetrabaja "en la revisión, enmiendas y aportes a la nueva gramática de la lengua española y al diccionario de la lengua española".
El Gobierno aprobó a finales de 2020 una ley que obliga a organizaciones de la sociedad civil y personas jurídicas que reciben fondos del exterior a registrarse como agentes extranjeros y a rendir cuentas de cómo gastan el dinero o cómo utilizan las donaciones que reciben.
Con estas 83 ONGs aumenta a más de 200 las entidades canceladas por el Gobierno de Ortega desde 2018, en el contexto de la crisis detonada por las protestas antigubernamentales que dejaron más de 355 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Gobierno acusa a las ONGs ilegalizadas de emplear los fondos recibidos para intentar un golpe de Estado con apoyo de Estados Unidos.
Ortega, de 76 años, que integró la primera junta de Gobierno sandinista en 1979 y luego fue presidente entre 1985 y 1990, regresó al poder en 2007, donde se mantiene tras obtener un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de noviembre, con sus rivales presos. (Télam)