El Ministerio Público de Perú informó hoy que resolvió incluir al presidente de la república, Pedro Castillo, en el objeto de una investigación preliminar que busca determinar si cometió los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, entre otros.
El mandatario será interrogado pero no podrá ser acusado penalmente por estos delitos mientras esté ejerciendo el cargo.
Castillo “fue notificado de la presente disposición y se ha ordenado su declaración indagatoria, en adición a las demás diligencias ya dispuestas anteriormente, las que permitirán el debido y necesario esclarecimiento de los hechos”, dijo el Ministerio Público en un comunicado publicado bajo la forma de un “hilo” en Twitter.
La pesquisa se llevará adelante “sin perjuicio de otros delitos que se puedan advertir en el curso de las investigaciones” y en su transcurso, Castillo “tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa”, así como “el respeto al artículo 117 de la Constitución”.
Ese artículo establece que mientras esté ejerciendo su mandato, un presidente de la república solo puede ser acusado penalmente por una serie limitada de causas, entre las que no figuran los delitos que son objeto de la presente investigación.
La indagación, “inicialmente abierta contra el exministro Juan Silva y seis congresistas, fue ampliada luego de un análisis técnico jurídico, ante la seriedad y gravedad de las imputaciones”, explicó el Ministerio Público en un hilo de mensajes en su cuenta de Twitter.
La causa fue abierta a principios de este mes por orden del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y alcanzaba en principio a Silva -exministro de Transportes y Comunicaciones- y a seis legisladores del partido opositor de centro Acción Popular.
Esos parlamentarios son llamados Los Niños, después de que así los mencionara la empresaria Karelim López -relacionada con este y otros casos también bajo investigación- porque “obedecían en todo al mandatario”, según la agencia de noticias Europa Press.
La fiscalía investiga si integran una supuesta red criminal que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que estaría liderada por Castillo.
Según la Fiscalía, la presunta organización criminal contó con dos grupos con tareas definidas.
El primero captaba y negociaba con empresarios, y estuvo conformado por el entonces secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco; el empresario Zamir Villaverde, y dos sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.
El segundo grupo sería el responsable de la ejecución del delito favoreciendo a determinadas empresas en las contrataciones y estaría integrado por funcionarios del organismo Provías Descentralizado previamente designados por Silva.
El Ministerio Público sostiene que la organización tenía una estructura vertical, con integrantes en distintos niveles.
Zoraida Ávalos, la anterior fiscal de la Nación, abrió dos investigaciones contra el presidente Castillo, aunque las suspendió hasta el término de su mandato, previsto para julio de 2026.
Una fue por las presuntas irregularidades en Petroperú y Provías Nacional, y la otra por ascensos de oficiales en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. (Télam)