"No tenemos dudas sobre la responsabilidad directa de María Eugenia Vidal en el armado de las causas contra Juan Pablo Medina", afirmó a Télam el abogado César Albarracín, querellante en la causa que investiga el armado de "mesa judicial bonaerense" y que está a cargo del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.
"Por nuestra parte vamos a focalizar en su evidente responsabilidad y una vez cumplidas las diligencias requeridas por la fiscal y las que disponga el juez analizaremos su llamado a indagatoria como jefa de la asociación ilícita que se está investigando", remarcó el letrado.

Para Albarracín, Vidal "mintió públicamente y eso configura un indicio más en su contra"

Para Albarracín, Vidal "mintió públicamente y eso configura un indicio más en su contra", y consideró que la exgobernadora bonaerense habría actuado "no sólo a través de sus ministros, el subsecretario de Justicia Adrian Grassi, el intendente (de La Plata Julio) Garro y el senador de Juntos por el Cambio (JxC) Juan Pablo Allan, sino también con la intervención del procurador bonaerense Julio Conte Grand"
"Conte Grand garantizó que se impongan en provincia tres ordenes de detención contra mi representado", expresó sobre el procurador de la provincia de Buenos Aires.
La causa se inició tras una denuncia presentada ante la Justicia Federal de La Plata por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, luego que en dependencias de ese organismo se hallara un registro audiovisual sobre una reunión mantenida en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, donde funcionarios del gobierno de Vidal, agentes de la AFI, Garro y empresarios de la construcción discutieron el armado de causas contra dirigentes gremiales.
En ese encuentro, el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, les comunicó a los presentes que le gustaría contar con una "Gestapo" --la policía política del régimen nazi-- para accionar contra los gremios.
Según el registro fílmico de la reunión, Villegas le daba a los empresarios instrucciones sobre cómo debían presentarse las denuncias contra los gremialistas, y aseguraba que la Procuración estaba al tanto de las maniobras.
Ayer, la fiscal Russo pidió al juez Kreplak que ordene un entrecruzamiento de llamados entre los teléfonos que usaba Vidal en 2017 y los de ex funcionarios de su gobierno que estuvieron presentes en una reunión en la sede porteña del Banco Provincia en la que se habló de impulsar causas penales contra Medina.
Lo hizo en un dictamen en el que imputó a todos los asistentes a ese encuentro concretado el 15 de junio de 2017, entre ellos el intendente de La Plata Julio Garro, el exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi; el exministro de Infraestructura Roberto Gigante y el senador bonaerense Juan Pablo Allan.
En un primer requerimiento, la funcionaria judicial había imputado a Villegas, pero amplió su acusación sobre otras 15 personas que participaron del encuentro, entre ellos el intendente de La Plata Julio Garro, y afirmó que investigará a quienes fueron mencionados en ese encuentro.
En tanto, ayer, una sesión del Senado de la provincia de Buenos Aires, se autorizó el allanamiento a las oficinas de Allan, como parte de una medida que había sido requerida por Kreplac.

(Télam)