Preocupacion de la CIDH por la violencia recurrente en carceles de Ecuador

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy "preocupación" por la reciente muerte de 68 presos en una cárcel de Ecuador, así como la huelga de hambre que iniciaron reclusos de otros penales en rechazo a la violencia en establecimientos penales.
El organismo urgió al Estado ecuatoriano a "adoptar medidas inmediatas y efectivas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de quienes están bajo su custodia", en una declaración publicada en su sitio web.
Asimismo, reclamó al gobierno del presidente Guillermo Lasso "investigar estos hechos, identificar y sancionar a los responsables, y prevenir su repetición".
La CIDH resaltó que en la madrugada del viernes al sábado pasados murieron 68 presos y 25 quedaron heridos por "diversos enfrentamientos" entre reclusos en el Centro de Privación de la Libertad CPL Guayas Nro. 1, en Guayaquil.
Advirtió que esas muertes "tuvieron lugar en un contexto de reiterados enfrentamientos" y subrayó que en lo que va de 2021 "se documentaron 316 personas privadas de libertad fallecidas" como resultado de esos hechos.
"Estas cifras multiplican casi siete veces las muertes en detención con respecto a los 46 fallecimientos reportados en 2020" en las cárceles ecuatorianas, resaltó la nota.
Asimismo, la CIDH manifestó su alarma por la huelga de hambre que presos en las cárceles de Turi y Cotopaxi iniciaron el sábado y el domingo "en rechazo a los hechos de violencia" y que "habría concluido a la fecha, según información del Estado".
Los episodios del último fin de semana se produjeron un mes y medio después de la masacre del 28 y el 29 de septiembre en el mismo penal, la peor en la historia del país y una de las mayores en la historia de América latina, que dejó 119 reclusos fallecidos.
La cárcel Guayas 1, con unos 8.500 internos y una superpoblación de 60%, es escenario de violencia continua debido a una guerra entre reos pertenecientes a bandas con nexos con carteles internacionales del narcotráfico, que se disputan el poder y el liderazgo dentro y fuera de las prisiones.
A raíz de la matanza de septiembre, el gobierno declaró un estado de emergencia por 60 días -que la Corte Constitucional ordenó reducir a la mitad- en el que los militares se movilizaron para respaldar a la policía en el control del sistema penitenciario, una medida que concluirá a fines de este mes. (Télam)