El Congreso de Estados Unidos sancionó hoy un proyecto que le da al Gobierno de Joe Biden la autoridad para adoptar nuevas sanciones contra Nicaragua y exigir "elecciones justas".
El texto fue aprobado por la Cámara de Representantes por 387 votos contra 35, después de que el Senado le diera media sanción, y ahora debe ser promulgado por el mandatario.
Esta nueva ley permitirá imponer sanciones a funcionarios del Gobierno de Daniel Ortega, miembros de su familia e integrantes de la Policía y de las Fuerzas Armadas, y habilitará sanciones a empresarios a los que se los acuse de corrupción.
También podrían ser objeto de sanciones funcionarios del Banco Central nicaragüense, miembros del Consejo Supremo Electoral e integrantes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y sus familias.
Las elecciones de Nicaragua se celebrarán este domingo con la participación de más de 10 partidos políticos y con decenas de presidenciables opositores encarcelados por una cuestionada ley sobre defensa de la soberanía nacional.
En medio de estas detenciones y de denuncias y alertas de la comunidad internacional, el FLSN confirmó a Ortega y su esposa, la actual vicepresidenta Rosario Murilla, como su fórmula presidencial para un nuevo mandato.
El actual mandatario buscará un cuarto mandato consecutivo, el segundo con Murillo, y sin rivales lo suficientemente populares que puedan comprometer su triunfo, ya que competirá contra cinco partidos cuyos candidatos son prácticamente desconocidos por la población.
Las principales figuras de la oposición han denunciado que fueron perseguidas y detenidas para ser excluidas de las elecciones: siete de sus aspirantes presidenciales están detenidos y tres partidos fueron ilegalizados.
En medio de cuestionamientos internos y externos a la legitimidad que tendrán los resultados, los comicios serán observados por 180 "acompañantes" invitados por el Gobierno, que rechazó la fiscalización internacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), organismos que, al igual que la oposición, ya adelantaron quejas por considerar que la cita electoral carecerá de transparencia.
En tanto, el Gobierno insiste en acusar a sus opositores de "golpistas", "traidores a la patria" y "lavado de dinero".
En este contexto, más de 30.000 policías y soldados comenzaron a desplegarse el lunes pasado para garantizar la seguridad durante las elecciones que se desarrollarán en los más de 3.000 centros de votación este domingo. (Télam)