El Gobierno boliviano denunció pérdidas por más de 1,2 millones de dólares en los medios estatales tras verificar hoy los resultados de una auditoría relacionada con la crisis política de 2019 que derivó en el Golpe de Estado contra Evo Morales y la asunción como presidenta de facto de la actualmente encarcelada Jeanine Áñez en 2020.
La viceministra de comunicación, Gabriela Alcón, brindó una conferencia de prensa en La Paz en la que se refirió a la situación de medios estatales como el canal de televisión Bolivia TV, la emisora radial Patria Nueva y las Radios de los Pueblos Originarios en los que sostuvo que "han ocurrido procedimientos fuera de norma".
Alcón dijo que Bolivia TV registró un "cierre violento" de sus instalaciones entre el 9 y 13 de noviembre de 2019 con "pérdidas económicas por gastos operativos e incumplimiento de contratos comerciales y amenazas a los periodistas" durante la tensión política y social tras las malogradas elecciones de ese año.
La funcionaria indicó que el canal estatal pasó de 276 repetidoras de señal en 2019 a tener 135 menos en el corto y frustrado mandato de Áñez, del 12 de noviembre de ese año al 8 de noviembre de 2020, debido a "negligencia y falta de mantenimiento" de esos equipos.
Por su parte, la cobertura de la cadena radial Patria Nueva disminuyó en ese período de Gobierno interino un 80% por las mismas razones, lo que privó a 1,7 millones de personas a tener acceso a la misma, consignó la prensa local.
Alcón dijo que en 2020 unas 71 de 89 radios comunitarias o de los pueblos originarios, que informaban a base de comunicados de las poblaciones más alejadas, "han sido acalladas, y lo peor es que esto pasó en un tiempo de pandemia cuando mayor era la necesidad de comunicación".
Agregó que al daño económico se le sumó un "desmantelamiento, ataque y quema" de los medios estatales "que se usaron en beneficio de grupos paraestatales irregulares".
"Durante el Gobierno de Áñez hubo un manejo ilegal de contratación de personal que involucra principalmente a exgerentes del canal estatal", apuntó.
Por último, refirió que se produjeron "delitos penales como contribuciones y ventajas ilegítimas de servidores públicos, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y omisión de denuncia".
"Por tal motivo, debe iniciarse una investigación de estos hechos", remató. (Télam)