Piden que la Corte Suprema intervenga tras el sobreseimiento de un excura acusado de abuso
Una fiscal salteña interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para que deje sin efecto la decision del maximo tribunal de Salta de ratificar el sobreseimiento del exsacerdote Jose Carlos Aguilera, acusado por abuso sexual,
Una fiscal salteña interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para que deje sin efecto la decisión del máximo tribunal de Salta de ratificar el sobreseimiento del exsacerdote José Carlos Aguilera, acusado por abuso sexual, informaron hoy fuentes del Ministerio Público Provincial (MPF).
Según las fuentes, la fiscal interina de Impugnación, Ana Inés Salinas Odorisio, fue quien interpuso este recurso para que deje sin efecto el punto I del pronunciamiento de la Corte de Justicia de Salta, que por mayoría, en un fallo del 16 de junio, dejó firme el sobreseimiento de Aguilera al considerar prescripta la acusación de las víctimas y ordenó la inmediata libertad del exsacerdote.
Aguilera -quien fue apartado del estado clerical por la Iglesia- está acusado de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, agravado por ser ministro de culto, en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por circunstancia de su realización agravado por ser ministro de culto y abuso sexual simple agravado por ser ministro de culto.
En su presentación, Salinas Odorisio, consideró que el máximo tribunal salteño cometió "arbitrariedad" en su sentencia, ya que hubo otros antecedentes avalados por la misma Corte de Justicia provincial, como "los de Galaverna, de 2019, y Chinque, de 2021".
La Corte también entendió que en el caso Aguilera no se configuró "una situación de gravedad institucional", por lo que dejó firme y de manera irrevocable en el ámbito local el sobreseimiento del exsacerdote, por extinción de la acción penal, por prescripción.
Aguilera fue imputado el 21 de marzo de 2019 por el Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), a partir de las denuncias de dos jóvenes, menores de edad al momento de los hechos.
El entonces Juez de Garantías de 5° Nominación rechazó el 12 de abril de ese mismo año, la excepción de prescripción planteada por la defensa técnica de Aguilera.
La defensa apeló, lo que fue acogido favorablemente por el Tribunal de Impugnación el 12 de junio de 2019 y el fiscal de Impugnación 3 recurrió la resolución dictada, fundando su presentación en extensos y detallados agravios, explicaron los voceros.
La Sala IV del Tribunal de Impugnación denegó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el MPF, por considerar, entre otras cuestiones, que "no se advierte que el fallo impugnado pueda violentar directa o indirectamente algún derecho constitucional".
Ante esta situación, el MPF interpuso queja por recurso de inconstitucionalidad denegado y la Corte de Justicia de Salta, por el voto de la mayoría, la desestimó el 16 de junio pasado.
Los voceros explicaron que, para la comisión de los delitos endilgados, Aguilera se valió de la influencia que detentaba sobre los damnificados porque oficiaba como sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana en una Parroquia a la que concurrían los denunciantes cuando eran niños.
En su presentación, Salinas Odorisio sostuvo que, conforme a la doctrina de la Corte Federal, las cuestiones de la naturaleza de las ventiladas en este caso son de orden público y pueden comprometer la responsabilidad del Estado argentino frente al orden jurídico interamericano, por lo que corresponde que sean tratadas, aún cuando se considere que no fueron mantenidas explícitamente en la instancia extraordinaria.
Para la fiscal, al pronunciarse la Corte de Justicia de Salta el 16 de junio pasado, se limitó a cuestiones estrictamente formales y otros precedentes, pero renunció a dar tratamiento al caso en particular, por lo que incurrió en arbitrariedad manifiesta.
Por eso, consideró que cometió una "grave violación a los derechos humanos de menores de edad".
El año pasado, el tribunal colegiado conformado por orden de la Congregación para la Doctrina de la Fe encontró culpable a Aguilera de haber cometido distintos delitos y lo sentenció a la pena máxima, que es la dimisión del estado clerical.
Aguilera integra la lista de sacerdotes denunciados por el delito de abuso sexual en Salta, entre los que se encuentran el condenado Agustín Rosa, Emilio Lamas, Nicolás Parma, Néstor Aramayo, Abel Balbi y el ex obispo de Orán, Gustavo Zanchetta. (Télam)
Según las fuentes, la fiscal interina de Impugnación, Ana Inés Salinas Odorisio, fue quien interpuso este recurso para que deje sin efecto el punto I del pronunciamiento de la Corte de Justicia de Salta, que por mayoría, en un fallo del 16 de junio, dejó firme el sobreseimiento de Aguilera al considerar prescripta la acusación de las víctimas y ordenó la inmediata libertad del exsacerdote.
Aguilera -quien fue apartado del estado clerical por la Iglesia- está acusado de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, agravado por ser ministro de culto, en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por circunstancia de su realización agravado por ser ministro de culto y abuso sexual simple agravado por ser ministro de culto.
En su presentación, Salinas Odorisio, consideró que el máximo tribunal salteño cometió "arbitrariedad" en su sentencia, ya que hubo otros antecedentes avalados por la misma Corte de Justicia provincial, como "los de Galaverna, de 2019, y Chinque, de 2021".
La Corte también entendió que en el caso Aguilera no se configuró "una situación de gravedad institucional", por lo que dejó firme y de manera irrevocable en el ámbito local el sobreseimiento del exsacerdote, por extinción de la acción penal, por prescripción.
Aguilera fue imputado el 21 de marzo de 2019 por el Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), a partir de las denuncias de dos jóvenes, menores de edad al momento de los hechos.
El entonces Juez de Garantías de 5° Nominación rechazó el 12 de abril de ese mismo año, la excepción de prescripción planteada por la defensa técnica de Aguilera.
La defensa apeló, lo que fue acogido favorablemente por el Tribunal de Impugnación el 12 de junio de 2019 y el fiscal de Impugnación 3 recurrió la resolución dictada, fundando su presentación en extensos y detallados agravios, explicaron los voceros.
La Sala IV del Tribunal de Impugnación denegó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el MPF, por considerar, entre otras cuestiones, que "no se advierte que el fallo impugnado pueda violentar directa o indirectamente algún derecho constitucional".
Ante esta situación, el MPF interpuso queja por recurso de inconstitucionalidad denegado y la Corte de Justicia de Salta, por el voto de la mayoría, la desestimó el 16 de junio pasado.
Los voceros explicaron que, para la comisión de los delitos endilgados, Aguilera se valió de la influencia que detentaba sobre los damnificados porque oficiaba como sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana en una Parroquia a la que concurrían los denunciantes cuando eran niños.
En su presentación, Salinas Odorisio sostuvo que, conforme a la doctrina de la Corte Federal, las cuestiones de la naturaleza de las ventiladas en este caso son de orden público y pueden comprometer la responsabilidad del Estado argentino frente al orden jurídico interamericano, por lo que corresponde que sean tratadas, aún cuando se considere que no fueron mantenidas explícitamente en la instancia extraordinaria.
Para la fiscal, al pronunciarse la Corte de Justicia de Salta el 16 de junio pasado, se limitó a cuestiones estrictamente formales y otros precedentes, pero renunció a dar tratamiento al caso en particular, por lo que incurrió en arbitrariedad manifiesta.
Por eso, consideró que cometió una "grave violación a los derechos humanos de menores de edad".
El año pasado, el tribunal colegiado conformado por orden de la Congregación para la Doctrina de la Fe encontró culpable a Aguilera de haber cometido distintos delitos y lo sentenció a la pena máxima, que es la dimisión del estado clerical.
Aguilera integra la lista de sacerdotes denunciados por el delito de abuso sexual en Salta, entre los que se encuentran el condenado Agustín Rosa, Emilio Lamas, Nicolás Parma, Néstor Aramayo, Abel Balbi y el ex obispo de Orán, Gustavo Zanchetta. (Télam)
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