El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) denunció hoy "graves violaciones de los derechos humanos" en el país ocurridos durante la pandemia y advirtió que "la aplicación del estado de emergencia no se ajustó a estándares internacionales", en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Cofadeh advirtió que Honduras "ya atravesaba una situación de militarización y violencia" aún antes del inicio de la pandemia de Covid-19 y la declaración del estado de emergencia "implicó una restricción desproporcionada e innecesaria de garantías".
En su enumeración, la organización mencionó que "se suspendió la libertad de expresión, se habilitaron detenciones por más tiempo del permitido por la ley y se convocó al Ejército a cumplir todo tipo de tareas de seguridad interna", por lo que "amplias zonas quedaron bajo su poder".
En un comunicado, el Cofadh reseñó que también la oficina local del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) dio cuenta de "graves violaciones a los derechos en este marco, como más de 80 mil detenciones, casos de golpizas y torturas y violencia de género en retenes policiales y militares, ataques a periodistas y ejecuciones sumarias de personas que supuestamente habían violado el toque de queda".
Denunció también la "desaparición forzada de al menos 17 personas", entre ellas cuatro líderes de la comunidad garífuna (descendientes de africanos), a quienes un grupo de más de 30 hombres armados se los llevó en julio de 2020.
La imposibilidad de vastos sectores de acceder a alimentos dio paso a 1100 protestas, según registros de la Acnudh, que "en ocasiones fueron reprimidas por la policía militar".
El Cofadh lamentó que "líderes y manifestantes también fueron criminalizades, en particular después de junio de 2021, cuando entró en vigencia un nuevo Código Penal que introdujo figuras como la de desplazamiento, manifestación ilícita, asociación terrorista, utilizadas para restringir los derechos a la libertad de reunión y de asociación".
La CIDH le pidió al Estado que actualice la información sobre "el estado de militarización del país, dado que en 2019 ya se había recomendado al país `avanzar en la implementación del plan de relevo gradual de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública`, acorde con los estándares interamericanos de derechos humanos". (Télam)