Un informe internacional advierte que Policia colombiana dio tratamiento de guerra a las protestas
Una mision internacional que visito Colombia y recabo informacion y testimonios sobre la represion a las protestas ocurridas durante el paro de casi dos meses entre abril y junio concluyo que la Policia dio “tratamiento de guerra” a las
La Misión SOS Colombia, compuesta por 41 representantes de 12 países, presentó hoy su informe final, en el que advirtió que las autoridades le dieron a las protestas de mayo y junio “el mismo tratamiento que usa para combatir a grupos armados”.
“El tratamiento dado por la Policía Nacional y las Fuerzas Militares hacia la protesta social fue similar a la estrategia militar que utiliza el Estado para combatir a actores armados”, aseguró el vocero de la misión y responsable de las Américas de la central española Comisiones Obreras (CCOO), Félix Ovejero.
La misión visitó 11 regiones del país del 3 al 12 de julio, tiempo en el que se reunió y recibió información de más de 70 organizaciones sociales, y documentó cerca de 180 denuncias directas de agresiones físicas, persecución, hostigamiento y violación de los derechos humanos.
Ovejero denunció que durante las protestas convocadas por el Comité Nacional del Paro (CNP) “se usaron técnicas de combate con el objetivo de someter y aniquilar a la población civil bajo la figura del enemigo interno”.
Las conclusiones fueron muy coincidentes con las denuncias de las ONGs locales Indepaz y Temblores, que documentaron 4.687 casos de violencia policial y las de una misión argentina que estuvo en el país y muy similares a las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron mecanismos y represiones en términos muy parecidos.
La Misión SOS Colombia registró 84 personas muertas, 28 de ellas atribuibles a la fuerza pública y 90 víctimas de lesiones oculares, según el sitio del diario bogotano Publimetro.
Para los delegados extranjeros, hay tres grupos responsables de la violencia: la fuerza pública (Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD-), los grupos paramilitares y personas civiles armadas.
“Dentro de estas hipótesis existe un claro señalamiento en contra de funcionarios públicos, entidades públicas y, por ende, del Estado. Lo que permite identificar un fenómeno de criminalidad y violencia estatal”, señala el informe.
El documento lamenta que se hayan dado homicidios selectivos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y judicializaciones arbitrarias, entre otras violaciones de derechos humanos.
El gobierno de Iván Duque recibió quejas de la ONU, la OEA y la Unión Europea, además de las que organizaciones de derechos humanos, y dejó en manos de la justicia la investigación de esos casos denunciados.
Sí anunció un proyecto para reformar a las fuerzas policiales, iniciativa que debe ser discutida en el Congreso, pero que mantiene a la fuerza bajo la órbita del Ministerio de Defensa, un punto objetado por ONGs de la sociedad civil. (Télam)
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