El Gobierno de Honduras fue emplazado hoy por un grupo de observadores a esclarecer el emblemático asesinato de la ambientalista Berta Cáceres ocurrido hace cinco años, ante recientes indicios de complicidad con el principal imputado, David Castillo.
"La Misión de Observación Calificada hace un llamado a las autoridades hondureñas a tomar las medidas necesarias de manera inmediata para esclarecer los hechos denunciados en la Causa Berta Cáceres, y así enviar una fuerte señal que los crímenes contra quienes defienden los derechos humanos no serán tolerados", demandó esa ONG en un comunicado.
Castillo es señalado como el organizador del asesinato de la lideresa Berta Cáceres, el 3 de marzo de 2016, para acabar con la resistencia popular contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
El acusado fue arrestado justamente dos años después del asesinato, mientras intentaba abandonar el país por el aeropuerto de la ciudad de San Pedro Sula.
La misión expresó su preocupación por el derecho a la verdad en los hechos que llevaron al asesinato de la fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y ganadora en 2015 del Premio Goldman, considerado el Nobel de la defensa ambiental.
"A través de las pruebas evacuadas por el Ministerio Público, han surgido indicios de complicidad criminal de otros actores en el hostigamiento de Berta Cáceres, Copinh y la comunidad de Rio Blanco, y en la planificación y logística del asesinato", señala el texto citado por la agencia de noticias Sputnik.
Según la nota, hay indicios de acciones de dudosa legalidad cometidas por funcionarios públicos, así como de la coordinación de la presunta estructura ejecutora del asesinato con la familia Atala Zablach, dueña de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), cuyo gerente era Castillo.
"Tales revelaciones apuntan a la necesidad de seguir investigando posibles delitos relacionados con el asesinato, cometidos por personas que aún no han sido procesadas", reclama la misión, que considera la causa Berta Cáceres un caso emblemático para Honduras y toda la región.
Para estos observadores, la impunidad estructural contribuye de manera significativa al aumento de la violencia contra las mujeres y las personas defensoras de la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente.
El Copinh ha denunciado que la defensa de Castillo se dedicó a dilatar el juicio oral y público iniciado el 6 de abril, y suspendido 11 veces.
El juicio es la continuación de un proceso anterior (2018), que concluyó con la condena de siete hombres por el asesinato de Cáceres: cuatro sicarios, un empleado, un exempleado de DESA y un mayor en actividad e las Fuerzas Armadas.
(Télam)