El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezará mañana el lanzamiento Plan de lucha contra la trata y explotación de personas, que comprende 100 acciones a desarrollarse durante el corriente año dentro del plan bienal 2020-2022 en materia de prevención, persecución, asistencia y fortalecimiento institucional.
El acto se realizará a las 11 en el Salón Norte de la Casa Rosada y tomarán parte también los ministros de Justicia, Martín Soria; Trabajo, Claudio Moroni; Desarrollo Social, Daniel Arroyo; y Seguridad, Sabina Frederic; y el presidente del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, Gustavo Vera.
Estas iniciativas fueron elaboradas de manera articulada con 44 organismos nacionales, provinciales y municipales de los tres poderes del Estado y tienen como objetivos mejorar cualitativamente la asistencia a las víctimas rescatadas de redes de trata mediante el establecimiento de cupos de reinserción laboral en el ámbito del Estado, informaron fuentes oficiales.
También contempla la realización de un estatuto especial de acceso a la vivienda, el fortalecimiento de los planes de apoyo, la extensión de los tratamientos psicológicos y/o psiquiátricos para cada víctima de acuerdo a su necesidad, y la incorporación de las víctimas de trata laboral rural como sujetos de derecho en la reglamentación de la ley de agricultura familiar para el acceso a tierras fiscales y programas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), entre otras acciones.
Asimismo, comprende la reparación mediante bienes incautados a las redes de trata ad referéndum de la sentencia judicial definitiva y el fortalecimiento y puesta en funcionamiento del fondo fiduciario para disponer de los bienes decomisados en beneficio de las víctimas de trata, añadieron las fuentes.
El plan además pone el foco en la profundización de las investigaciones sobre las redes de trata, siguiendo la ruta del dinero con la colaboración activa de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en las investigaciones y querellas ante la justicia, para establecer las conexiones entre los delitos de trata y lavado de activos, a fin de promover ante la justicia el decomiso de los fondos de estas redes para reparar a las víctimas de explotación. (Télam)