Las cuatro fuerzas de seguridad federales de Argentina tienen, desde hace 10 años, programas que incluyen protocolos de actuación cuando hay denuncias por violencia de género hacia el personal, política que no se repite aún en las policías provinciales, una urgencia que el femicidio de Úrsula Bahillo perpetrado por el efectivo bonaerense Matías Ezequiel Martínez, pone hoy como prioridad.
Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal, fuerzas que dependen del Ministerio de Seguridad, tienen políticas de género que surgieron durante la gestión de Nilda Garré, entre 2010 y 2013.
En las distintas gestiones nacionales, el área de Género tuvo distintos nombres y rangos, pero siempre se mantuvo.
Los Centros Integrales de Género de cada fuerza federal ya tienen, por lo tanto, una década.
Allí funcionan equipos interdisciplinarios que, entre otras funciones, canalizan las denuncias por violencia laboral, intrafamiliar, de género entre personal de las fuerzas o cuando una civil denuncia a un integrante de determinada fuerza.
Además, asesoran y hacen seguimiento de los sumarios administrativos y procesos judiciales, de acuerdo con las informaciones que, en distintas comunicaciones, proporcionó en el último año ese ministerio.
Actualmente, hay en el Ministerio de Seguridad una Dirección Nacional de Género.
En ese espacio está la Coordinación de Protección de Derechos adonde también pueden recurrir las personas para hacer denuncias por violencia que involucren a personal de las fuerzas, en caso de no querer recurrir a los Centros Integrales por falta de confianza o temor.
Entre las últimas políticas que se aplicaron está la licencia por violencia de género y la protección administrativa, es decir, la garantía de que no habrá represalias por parte de la fuerza a quien denuncie.
También se reformó una norma relacionada con la tenencia del arma de fuego reglamentaria.
Antes, solo se restringía o quitaba el arma al personal denunciado, si había orden judicial. Eso cambió: ahora puede ser una medida preventiva necesaria para evitar posibles femicidios.
Estas medidas de prevención y acompañamiento son compartidas en una mesa que conforma el Ministerio de Seguridad con sus pares de las 24 provincias.
Según un relevamiento de esta agencia, Santa Fe, Córdoba y Río Negro, son algunas de las jurisdicciones que están avanzando en aplicar protocolos similares a los federales en las policías locales.
También La Rioja, Catamarca y La Pampa están revisando sus normas policiales para adecuarlas a modelos preventivos y de actuación concreta ante violencia de género.
En Argentina, hubo 252 femicidios en 2019, último registro oficial elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia.
De ese total, 16 femicidas pertenecían a fuerzas de seguridad.
Los femicidas están en distintos ámbitos de la sociedad. También en la policía, de allí la urgencia de ampliar las medidas preventivas y de intervención ese sector.
(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463).
(Télam)