El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anticipó hoy la decisión de sumar a provincias e intendencias en el monitoreo del programa del control de precios de la canasta compuesta por 1.432 productos de consumo masivo que puso en marcha el Gobierno nacional y que se extenderá por espacio de 90 días, en el que también participación las asociaciones de consumidores.
En ese contexto, Feletti anunció que mantendrá esta tarde una reunión con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y un grupo de intendentes de la provincia para ampliar en las distintas jurisdicciones los mecanismos de monitoreo.
"Estamos previendo los mecanismos legales para que gobernaciones e intendencias acompañen el monitoreo del programa, informen y podamos avanzar en el control", dijo Feletti en declaraciones a Radio Nacional.
El funcionario también remarcó que para la tarea de supervisión también estarán "convocando a las asociaciones de consumidores".
En ese sentido, señaló que el Gobierno nacional a través de la Secretaría de Comercio Interior enviará a los "ministros y secretarios de Producción o de Comercio según el cargo de cada provincia, el listado de precios que corresponde a cada jurisdicción, para que ellos implementen los mecanismos de monitoreo".
Feletti manifestó también la necesidad de que la Secretaria de Comercio cuente con "delegaciones en todas las provincias, ya que se desarmaron en los 90 y no las tienen, porque no se puede permitir que los mercados monopólicos no tengan ningún tipo de regulación".
Ante las críticas que recibió desde sectores empresariales y la oposición, Feletti dijo que "los controles de precios tienen que ser transitorios e ir a otro esquema, pero permiten intervenir en la puja distributiva y en casi todos los casos generaron una fuerte expansión del consumo".
Por el contrario, analizó que "los planes antiinflacionarios basados en ajustes monetarios y fiscales fracasaron todos. Desde el Plan Austral, el Plan Primavera, la Convertibilidad hasta el plan doble 0, que con cero emisión y cero déficit dejó 50% de inflación, 70% de tasa de interés y una devaluación acumulada de 45 a 60 pesos en escasos días".
Finalmente, advirtió que mediante los controles de la implementación del programa el Gobierno va a "hacer cumplir la ley como principal fundamento de la seguridad jurídica de un país".
"La obligación de abastecer y cumplir precios compatibles con los ingresos de la población en consumos esenciales también es una obligación legal y debe cumplirse, sino el único derecho que parece que se debe cumplir es el de la propiedad privada, y la constitución garantiza muchos otros derechos a los argentinos", enfatizó.

(Télam)