La Comisión de Ética de la Convención Constituyente de Chile aprobó tipificar y sancionar en su reglamento a aquellos convencionales que nieguen los crímenes cometidos durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y el estallido social de octubre de 2019.
Según la norma aprobada, se sancionará “toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990”.
También se sancionará a quien niegue “las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social” de octubre de 2019 hasta las primeras semanas del año 2020.
La norma causó polémica dentro de la Convención Constituyente, ya que hubo críticas en sectores de Vamos por Chile (derecha) y apoyo en convencionales independientes de izquierda.
“Algunos en su afán refundacional totalitario actúan como si ya hubieran redactado y aprobado una Constitución nueva. La opinión de una comisión no está por encima de las garantías constitucionales”, escribió Marcela Cubillos, constituyente de Vamos por Chile, en su cuenta de Twitter.
Otra convencional de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), Katherine Montealgre, dijo que le llamó la atención que el negacionismo sea “tan limitado, con un período y una fecha extremadamente ceñida en ambas definiciones”.
“Esto lo digo porque recordemos que existieron violaciones a los derechos humanos antes del 11 de septiembre de 1973", añadió.
La convencional Damaris Abarca (independiente) le respondió: "Me descompensó que pongas en ese nivel de relativización los derechos humanos”.
Todavía no trascendieron cuáles serán las sanciones específicas para aquellos constituyentes que nieguen la existencia de violaciones a los derechos humanos en Chile durante la dictadura y el estallido social.
No es la primera vez que se habla y polemiza sobre un proyecto que sanciona el negacionismo en Chile.
En septiembre del 2020, la Cámara de Diputados dio media sanción a una norma que sanciona el negacionismo de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la dictadura pinochetista.
La norma fue aprobada con 75 votos a favor, 66 en contra y 6 abstenciones y pasó al Senado.
La iniciativa establece que quienes incumplan, bien sea obstruyendo o restringiendo ilegítimamente “el ejercicio de un derecho por parte del o los ofendidos”, podrían enfrentar una pena de presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años), y multa entre 40 y 60 Unidad Tributaria Mensual chilenas, equivalentes a 3.800 dólares aproximadamente.
Diputados estableció que la sanción se agravará, si la ofensa o incumplimiento proviene de algún funcionario público y por consecuencia quedaría inhabilitado de forma absoluta para el ejercicio de sus funciones.
De acuerdo a las cifras derivadas del Informe Rettig, Comisión Valech y el Informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, Chile contabiliza 3.227 víctimas de violaciones a derechos humanos y violencia política, con 2.125 muertes y 1.102 personas desparecidas, por la dictadura instalada durante 17 años por Pinochet. (Télam)