La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó hoy en su sede de San José, en Costa Rica, una audiencia para analizar la responsabilidad del Estado argentino en la muerte del uruguayo afrodescendiente José Delfín Acosta, cuyo deceso se produjo en 1996, cuando se encontraba bajo custodia de efectivos policiales.
La Corte le tomó hoy declaración a Ángel Acosta Martínez, hermano de la víctima y demandante en este caso en el que se analiza también la conducta “arbitraria y discriminatoria” de las autoridades argentinas.
La demanda llegó ante el Tribunal con el aval de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en una investigación determinó que “la muerte y lesiones del señor Acosta ocurrieron bajo custodia del Estado y debe presumirse su responsabilidad internacional”. según indicaron fuentes de ese organismo.
José Delfín fue arrestado en la noche del 5 de abril de 1996 por efectivos de la Comisaría 5 de la Capital Federal, que lo detuvieron luego de que saliera en defensa de dos jóvenes afrobrasileños que eran hostigados por los uniformados, de acuerdo con el testimonio de los denunciantes.
Ángel siempre sostuvo que a su hermano los policías “lo esposaron y le dieron una paliza en uno de los calabozos de la Comisaría 5”, donde se produjo su muerte.
“De acuerdo con la Comisión, su detención fue ilegal, arbitraria y discriminatoria. La Comisión señaló que las autoridades estatales no le prestaron el auxilio inmediato a la presunta víctima que hubiera requerido al momento de la detención, ni actuaron de manera de salvaguardar su integridad física y su vida”, señaló.
En ese sentido, la CIDH consideró que “el Estado violó los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal e igualdad y no discriminación, en perjuicio de José Delfín Acosta”.
Por otro lado, la Comisión señaló que “la investigación a nivel interno se centró en el supuesto estado de embriaguez e intoxicación del señor Acosta, más no en determinar la legalidad de su detención”.
La investigación del Estado argentino por la muerte de José Delfín se agotó en 2002, al completarse todas las instancias sin que se hubieran encontrado culpables.
Angel llevó su reclamo ante el sistema interamericano de derechos humanos y en 2013, la CIDH le dio “admisibilidad” al caso al recomendar “una solución amistosa”.
Pero según los demandantes, el Estado argentino sigue sin dar respuestas. (Télam)