A comienzos de 2017 el gobierno de Mauricio Macri decidió eliminar los aranceles a la importación de computadoras, lo que generó el desmantelamiento del sistema productivo tecnológico argentino y dejó 27.000 personas sin empleo, que dependían directa o indirectamente de la industria nacional.

El Decreto 117 publicado el 20 de febrero de ese año en el Boletín Oficial, con la firma de Macri, eliminó –a partir del 1 de abril- el arancel del 35% a las computadoras terminadas, notebooks, all in one y PC de escritorio, a complementos de informática, como impresoras, plotters, digitalizadoras, y otros bienes tecnológicos, como servidores y partes de LEDs.

La modificación del esquema arancelario para estos productos "redundará en la disminución de los costos de fabricación de diversos aparatos y equipos electrónicos, mejorando las condiciones de competitividad y productividad, y contribuyendo al aumento de la inversión productiva en el sector y de su disponibilidad en el mercado local", aseguraba el Decreto.

Desde la cuenta de la red social Twitter el Ministerio de la Producción, a cargo de Francisco Cabrera, prometía "computadoras más baratas y mejores: en marzo vamos a eliminar el arancel del 35% a la importación de notebooks y tablets #MásCompusMásEmpleo".

Sin embargo, lo que ocurrió ese mismo año fue que se bajaron las persianas de casi todas las fábricas en el país, lo que costó 7.000 puestos directos y casi 20.000 indirectos. En 2020 el Gobierno retomó los planes de notebooks educativas discontinuados por el macrismo y otros estímulos para el sector, y hubo un volver a empezar para la industria nacional.

Primero fueron los créditos del Banco Nación a docentes de primaria y secundaria para la compra de computadoras, que agotaron las 25.000 unidades disponibles en tan solo tres horas.

A comienzos de este año se anunció una licitación para la adquisición de 500.000 computadoras para el ciclo lectivo actual, con una inversión que supera los $ 12.000 millones, en consonancia con la decisión tomada por el presidente Alberto Fernández de triplicar el presupuesto para un plan de conectividad destinado al sistema educativo.

El Plan Federal Juana Manso significará por parte del Estado la erogación de $ 13.576.543.594 para la adquisición de equipamiento informático y provisión de conectividad a los estudiantes. Estas iniciativas produjeron no solo el rearmado de unas 20 fábricas que cerraron durante el macrismo, sino también la apertura de 12 nuevas, y la generación de 2.000 empleos.

Para este año, las estimaciones del sector son de crear otros 4.000 empleos más y retornar a los niveles previos al cierre decidido por el macrismo. (Télam)