El Comité por la Libertad de Milagro Sala y los Presos Políticos de la Túpac Amaru Mendoza informó hoy que presentó a la Corte Suprema de Justicia nacional un recurso para que revoque un fallo del máximo tribunal provincial, que avaló la detención de la dirigente local Nélida Rojas por presuntas irregularidades con planes de vivienda.
El requerimiento, a través de un recurso de queja, es contra la resolución de la Suprema Corte de Mendoza que dejó sin efecto un fallo de la Octava Cámara del Crimen que había liberado Rojas y parte de su familia en una causa por manejo de fondos para viviendas sociales en el distrito de Lavalle.
La organización social considera que este es un caso más de "lawfare" ("guerra jurídica"), o sea un ataque utilizando indebidamente procedimientos legales, dijeron fuentes del sector que atribuyen responsabilidad al anterior gobierno provincial de Alfredo Cornejo.
Los voceros señalaron que "en Mendoza, al igual que en Jujuy, quedó en evidencia la complicidad del más alto tribunal provincial con el gobernador Gerardo Morales en la brutal persecución contra Milagro Sala y la organización barrial Túpac Amaru tras la publicación de grabaciones del actual presidente (de la Corte jujeña) Pablo Baca, en las que queda de manifiesto la más absoluta falta de independencia del Poder Judicial provincial".
El abogado Horacio Báez, uno de los letrados de la Túpac y miembro del Comité por la Libertad de Milagro Sala, dijo que "contra la Túpac Amaru de Mendoza, Cornejo acusó de estafadoras y delincuentes a las personas imputadas, lo que va contra todo estado de derecho, y acusó a los jueces de la Octava Cámara de ser cobardes y de pertenecer a 'Justicia Legítima', cosa que no es así".
El letrado señaló que ello es "un prejuicio y un ataque frontal a la credibilidad y a la honestidad de personas como Nélida Rojas y su familia".
"Queda demostrado que en Argentina, durante el gobierno de Mauricio Macri, existió persecución política, se inventaron causas y los Tribunales carecieron de independencia y de vocación republicana para sostenerla, frente a la presión del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial", advirtió el abogado.
Nélida Rojas, dirigente en Mendoza de la agrupación que lidera Milagro Sala, recuperó su libertad en septiembre de 2017 por orden de la Octava Cámara del Crimen al revocar la prisión preventiva dispuesta en el marco de una investigación por la sospecha de una asociación ilícita para cometer estafas en la construcción de viviendas.
Rojas había sido arrestada junto a su marido, Ramón Domingo Martínez, y sus dos hijas, Carla y Leonela Martínez, en Lavalle, 25 kilómetros al norte de la capital mendocina, donde se habrían producido los supuestos ilícitos.
Rojas continúa imputada en la causa que se le sigue por malversación de fondos públicos y coacción. (Télam)