La comisión bicameral de Trámite Legislativo del Congreso se reunirá mañana para expedirse sobre los últimos decretos de necesidad y urgencia de la gestión de Cambiemos y sobre los primeros DNU dispuestos por la actual administración de Alberto Fernández.
La audiencia fue convocada para mañana a las 18 en el salón Arturo Illia del Senado por el presidente de la Bicameral, el diputado nacional del Frente de Todos, Marcos Cleri.
Entre los decretos incluidos en el temario sobre los que deberán pronunciarse los senadores y diputados que integran la comisión aparecen los últimos 14 decretos de necesidad y urgencia emitidos por el gobierno de Macri y siete de la actual gestión del presidente Fernández.
Entre las normas que discutirán los legisladores está el DNU 596 del 11 septiembre de 2019 sobre la cancelación de obligaciones de pago correspondientes a los títulos representativos de la deuda pública nacional de corto plazo.
También aparecen en el temario el DNU 669 por el cual se modificó el artículo 12 de la ley 24557 de riesgos de trabajo sobre el ingreso base, y el 668 por el cual se dispuso que hasta el 30 de abril de 2020 las entidades financieras comprendidas en el artículo 8 de la ley 24156 solo podrán invertir sus excedentes transitorios de liquidez en letras precancelables por un plazo máximo de 180 días..
Entre los últimos decretos emitidos por la administración de Cambiemos también se analizará el DNU 795 por el cual se modificó la ley 25764 del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados y se creó el Consejo Consultivo de la Agencia Nacional de Protección de Testigos con la presidencia del titular de la Cámara Federal de Casación Penal.

Siete decretos de la actual administración también fueron añadidos en el temario de mañana para su análisis, como la postergación hasta el 31 de agosto de 2020 de las obligaciones de pago de amortizaciones correspondientes a letras del Tesoro en dólares (Letes) o la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por 180 días.
Además, recibirán aval la modificación de la ley de ministerios dispuesta por el presidente Fernández, la declaración de la emergencia pública en materia ocupacional por 180 días y el incremento salarial mínimo y uniforme para los trabajadores del sector privado en relación de dependencia.