El gobierno de Paraguay postuló hoy prorrogar la Ley de Emergencia Penitenciaria sancionada en septiembre de 2019 con un año de vigencia, tras la reciente fuga de 76 presos de la cárcel de Pedro Juan Caballero, en el este del país.
"Creemos que sí va a ser necesario ampliar la vigencia de la ley, por lo menos hasta que termine la construcción de los centros penitenciarios y podamos hacer los traslados de las personas privadas de libertad", afirmó la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, a la agencia de noticias EFE.
Esa norma fue sancionada en respuesta a una serie de motines, fugas y asesinatos ocurridos en diversas cárceles del país, que albergan a numerosos integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, organizaciones criminales brasileñas con actuación en Paraguay.
En la madrugada del domingo, 76 presos que se alojaban en un pabellón destinado a miembros del PCC escaparon de la cárcel de Pedro Juan Caballero, la capital del departamento Amambay y fronteriza con Brasil.
El caso causó tal conmoción que seis partidos opositores reclamaron la destitución de Pérez y otros dos ministros, y los dos mayores (el Partido Liberal Radical Auténtico y el Frente Guasú) no descartaron promover juicio político al presidente Mario Abdo Benítez.
También provocó el despido del viceministro de Política Criminal, Hugo Volpe, el descabezamiento de toda la cadena de mandos del sistema penitenciario y el arresto de tres decenas de agentes que prestaban servicios en la cárcel de Pedro Juan Caballero.
Asimismo, generó un fuerte cruce entre Pérez y la fiscal a cargo del caso, María Irene Álvarez. La ministra criticó una supuesta inacción del Ministerio Público y la procuradora se quejó de la escasa presencia de funcionarios del Ejecutivo en la zona del incidente.
Mientras tanto, efectivos de la Policía y agentes del Ministerio Público allanaron hoy en Pedro Juan Caballero la vivienda del jefe de seguridad de la cárcel durante la fuga, Arnaldo Báez, así como varios hoteles, en busca del resto de los evadidos o de datos que permitan hallarlos, según el diario asunceño Última Hora.
De los 76 fugados, siete fueron recapturados en Paraguay -incluido uno mientras escapaba- y otro en Brasil, y un noveno, identificado como Javier Benítez Vera, se entregó ayer a la Policía.
Benítez Vera afirmó entonces que "muchos" de los evadidos salieron por un túnel construido a tal fin, mientras "los peces gordos salieron por el frente y tuvieron quien les buscara".
Esa declaración pareció dar razón tanto a Pérez como al ministro del Interior, Euclides Acevedo, quienes el mismo domingo sostuvieron hipótesis diferentes acerca de la fuga.
Pérez dijo que los reos habían huido a través del túnel y Acevedo indicó que el ducto fue "una pantalla" para ocultar la complicidad de los agentes penitenciarios, que permitieron que escaparan por la puerta principal del penal.
Sin embargo, Benítez Vera se desdijo de su afirmación de ayer, sostuvo que todos huyeron a través del túnel y argumentó que policías lo obligaron a "declarar en contra de los guardiacárceles".
La jueza a cargo del caso, Dalmi Gómez, informó que hoy visitó a Vera, aseguró que este "no tiene rastros de tortura" y remarcó que esto fue constatado por un médico y por representantes del Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo, según el diario ABC Color. (Télam)