La Provincia firmó la adhesión al protocolo del aborto no punible
La medida había sido derogada por María Eugenia Vidal, lo que costó la renuncia a la exministra Zulma Ortiz.
Tras la puesta en vigencia del protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), dispuesta por el ministro de Salud, Ginés González García, la Provincia decidió adherir al mismo.
Dicho acto contó con la presencia del titular de ese ministerio, Daniel Gollán, y la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual provincial, Estela Díaz. También se hicieron presentes Lucía Portos, subsecretaria de Igualdad y Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad sexual, la diputada nacional Mónica Macha, del Frente de Todos, y el Asesor General de Gobierno provincial, Santiago Pérez Teruel.
Al tomar la palabra, Gollán manifestó: “Las artífices de que hoy esto pueda hacerse realidad son las mujeres. Estar debatiendo esto que debería ser normal -porque ya está regido como legal- es tedioso. Con las herramientas legales que den certeza a los equipos de salud, mucha gente podrá empezar a perder temores y participar del acceso a este derecho de forma rutinaria”.
Además, indicó que cuando el Congreso nacional “debata la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) tendremos también las herramientas que nos permiten avanzar en otros derechos que hoy nos siguen costando innecesariamente la vida de mujeres pobres que no pueden acceder a un aborto seguro”. Por otra parte, destacó la necesidad de “preservar a la mujer porque lo peor de esto es que a veces los casos terminan mediatizados” y remarcó que “el Estado debe dar respuestas”.
Por su lado, Díaz dijo que “la guía legisla sobre el procedimiento sanitario para atender las excepciones de aborto que contempla el Código Penal en su artículo 86 inciso 1 y 2, una legislación de 1921. No estamos innovando sino que establece qué procedimiento hay cuando el aborto conlleva un problema para la salud o la vida de la mujer o en los casos de una violación”
“La provincia tiene un protocolo desde 2007, lo reformó en 2012 pero era restrictivo y colocaba requisitos y obstáculos que no establece la ley. Esta guía es precisa, actualizada, toma indicaciones de la OMS y busca acceder a un derecho a la salud legal”, añadió. “El gobernador Axel Kicillof nos pidió que hiciéramos esto porque era una deuda con las mujeres y las personas gestantes de la provincia de Buenos Aires”, completó.
Dicho acto contó con la presencia del titular de ese ministerio, Daniel Gollán, y la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual provincial, Estela Díaz. También se hicieron presentes Lucía Portos, subsecretaria de Igualdad y Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad sexual, la diputada nacional Mónica Macha, del Frente de Todos, y el Asesor General de Gobierno provincial, Santiago Pérez Teruel.
Al tomar la palabra, Gollán manifestó: “Las artífices de que hoy esto pueda hacerse realidad son las mujeres. Estar debatiendo esto que debería ser normal -porque ya está regido como legal- es tedioso. Con las herramientas legales que den certeza a los equipos de salud, mucha gente podrá empezar a perder temores y participar del acceso a este derecho de forma rutinaria”.
Además, indicó que cuando el Congreso nacional “debata la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) tendremos también las herramientas que nos permiten avanzar en otros derechos que hoy nos siguen costando innecesariamente la vida de mujeres pobres que no pueden acceder a un aborto seguro”. Por otra parte, destacó la necesidad de “preservar a la mujer porque lo peor de esto es que a veces los casos terminan mediatizados” y remarcó que “el Estado debe dar respuestas”.
Por su lado, Díaz dijo que “la guía legisla sobre el procedimiento sanitario para atender las excepciones de aborto que contempla el Código Penal en su artículo 86 inciso 1 y 2, una legislación de 1921. No estamos innovando sino que establece qué procedimiento hay cuando el aborto conlleva un problema para la salud o la vida de la mujer o en los casos de una violación”
“La provincia tiene un protocolo desde 2007, lo reformó en 2012 pero era restrictivo y colocaba requisitos y obstáculos que no establece la ley. Esta guía es precisa, actualizada, toma indicaciones de la OMS y busca acceder a un derecho a la salud legal”, añadió. “El gobernador Axel Kicillof nos pidió que hiciéramos esto porque era una deuda con las mujeres y las personas gestantes de la provincia de Buenos Aires”, completó.
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