El gobierno mexicano aceptó reinstalar el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) para seguir investigando el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa hace casi cinco años, informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La reinstalación del GIEI "es muy fuerte mensaje y compromiso" con los derechos humanos para avanzar con las investigaciones y alcanzar la verdad y la justicia para los familiares de los 43 estudiantes", dijo la CIDH anoche en un mensaje en Twitter.
Los estudiantes fueron detenidos la noche del 26 de septiembre por policías municipales de Iguala, estado sureño de Guerrero, que los entregaron a un grupo criminal que los asesinó e incineró en un basurero para después arrojar sus restos a un río.
El grupo de expertos de la CIDH estudió el caso entre marzo de 2015 y abril de 2016 y en su reporte final cuestionó las conclusiones del informe oficial además de denunciar irregularidades graves en el curso de la investigación.
La reinstalación del Grupo de Expertos de la CIDH para el caso quedó oficializada en un encuentro del secretario ejecutivo de la CIDH, Paolo Abrao, con el subsecretario de Gobernación de México, Alejandro Encinas, consignaron medios locales y la agencia de noticias EFE.
En un mensaje en su cuenta de Twitter, Encinas confirmó el encuentro con Abrao y con miembros del GIEI "para formalizar su reinstalación a la investigación en el caso Ayotzinapa".
Al inicio de la actual gestión del presidente Andrés López Obrador, en diciembre de 2018, fue creada una comisión para la verdad y el acceso a la justicia para el caso Ayotzinapa como parte de una serie de acciones a fin de resolverlo en un plazo razonable.
En este sentido, la Fiscalía General de la República (FGR) de México creó mediante un decreto la Unidad Especial de Investigación y Litigación como responsable de investigar, perseguir los delitos y, en su caso, concluir los procesos penales vinculados con el episodio que sigue generando indignación nacional.
El GIEI, que dejó de funcionar en 2016, había sido establecido mediante un acuerdo de asistencia técnica del gobierno mexicano con la CIDH luego de que los padres de los estudiantes solicitaron a la Comisión el respaldo de expertos para una investigación que fuera independiente. (Télam)