El control militar no va a solucionar el ingreso irregular de migrantes, dijo alcalde chileno
En encargado de entregar los datos del balance semanal de la acción de las Fuerzas Armadas fue el subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, que los más de 4.500 controles de identidad y las 24 detenciones fueron producto de la operación militar en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, para controlar el ingreso masivo de personas a territorio chileno a través de pasos no habilitados.
Monsalve valoró la medida y destacó que “al menos se ha triplicado la cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas respecto a lo que era el decreto 265”, el que fue instaurado durante el Gobierno del expresidente Sebastián Piñera y que permitía la presencia de militares en las zonas fronterizas.
“Para esto hay controles fijos, hay controles móviles, hay patrullajes, por lo tanto, hay un despliegue de un conjunto de capacidades de las Fuerzas Armadas en el norte", añadió Monsalve desde el Palacio de La Moneda, en Santiago.
Piñera dijo que el despliegue de las Fuerzas Armadas es “una continuidad de lo que hicimos en el Gobierno anterior”, y destacó que "en esos tiempos hubo mucha oposición a proteger nuestras fronteras de parte de quien hoy son Gobierno”.
Sin embargo, el alcalde (intendente) de Colchane, Javier García, indicó, puso en eje en la diplomacia y no el despliegue, que “no va a solucionar el problema del ingreso irregular de migrantes”.
García, quien anteriormente había denunciado el ingreso de 200 a 400 personas semanalmente por pasos no habilitados, afirmó que “el migrante irregular que ingresa sin identificación a Chile de todas maneras ingresa al país porque no hay posibilidad de devolverlos hacia Bolivia".
En ese sentido, llamó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile a “establecer conversaciones de amistad con su par boliviano y que de una vez por todas ese país colabore y no siga sirviendo de tránsito de la migración irregular".
El despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona les permite a los militares realizar controles de identidad, registros de equipaje -en caso de que exista sospecha de delito- e incluso disparos al aire a modo de advertencia.
La participación militar en el control de las fronteras estará vigente por un periodo de 90 días, con la posibilidad de ser prorrogada por el Congreso Nacional. (Télam)
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