ENTREVISTA GLP: la ministra Gómez Alcorta recordó que “la Ley Micaela está hecha para ser respetada”
En diálogo con Grupo La Provincia, la titular de la cartera nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad, se refirió al trabajo y las políticas que se vienen implementando en el contexto de la pandemia, y al incumplimiento hasta la fecha de la Ley
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¿Cómo viene trabajando el ministerio y qué políticas está implementando ante la desigualdad de derechos que se agravó con la pandemia?
Desde que comenzamos la gestión en diciembre, tuvimos que primero construir un ministerio desde cero.
Tenemos tres grandes ejes de política: uno vinculado a la violencia de género, efectivamente a partir de la pandemia se vio agravada la situación en todo el país porque aumentó el riesgo de ser víctima.
El 3 de julio presentamos el Plan Nacional de Acción contra las Violencias con el presidente de la Nación (Alberto Fernández), y hace un mes aproximadamente salió el decreto del programa más importante de ese plan, que es el Acompañar, por el cual en estos días estamos firmando convenios con todas las provincias para realizar desde el ministerio un apoyo económico a las mujeres en situación de violencia de género, equivalente un salario mínimo, vital y móvil, a la par que los municipios y las provincias acompañan con asistencia integral.
Otro gran eje que tenemos es igualdad y diversidad, estamos trabajando con un área estratégica que es la Dirección Nacional de Políticas de Cuidado, con la que construimos una mesa interministerial en la que tuvo su decisión administrativa el jefe de Gabinete (Santiago Cafiero) para institucionalizarla. Somos 12, entre ministerios y organismos descentralizados que la integramos.
Presentamos también hace unos días en el Gabinete Económico el programa Igualar, que trabaja para achicar las desigualdades y las brechas de desigualdad en el ámbito del trabajo, el empleo y la producción, y estamos trabajando también muy fuertemente en lo que tiene que ver con paridad política.
Después estamos en el ámbito de la diversidad, el presidente dictó por decreto el cupo laboral trans en la administración pública nacional, así que estamos trabajando muy fuertemente en la implementación de esa registro y ese cupo.
Y el tercer eje clave, es la Ley Micaela que estamos trabajando dentro de la administración pública nacional. Ya capacitamos a las autoridades de los máximos poderes, menos el Poder Judicial, ya estamos trabajando con las provincias y en breve también con sindicatos.
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¿Qué opina del “ruido” que se generó en el máximo tribunal por la capacitación en género?
La Ley Micaela tiene un año y medio de vida, y establece que cada poder del Estado tiene que dictarse sus propias capacitaciones, pero que las máximas autoridades de los tres poderes del Estado están bajo la competencia del ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
En ese sentido, el 10 de enero capacitamos al presidente y al Gabinete, entre marzo y mayo capacitamos a la Cámara de diputados y diputadas, y de senadores y senadoras, y la máxima autoridad del Poder Judicial es la única que nos falta.
Ese “ruido” es porque intentamos por varios medios avanzar con la capacitación con la Corte, y frente a la imposibilidad enviamos una nota el 23 de junio que nunca fue respondida.
Después de la mención que hizo el presidente y del reclamo que hubo, salió un comunicado del Poder Judicial hablando de la “política de género”, algo de lo que no hablábamos, sino de la capacitación de la Ley Micaela.
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Desde la Corte se pusieron en contacto conmigo, para decir que efectivamente la ley era clara y que tenían algún tipo de dificultades, que quisieron por lo menos mencionar que no se trataba de mala fe o de mala voluntad, pero lo cierto es que a la fecha todavía no recibimos ninguna de respuesta de esa nota.
Suena contradictorio que desde la Corte Suprema, el máximo organismo de Justicia del país, digan que no la entienden...
No puede decir qué es lo que asume la Corte, nosotros enviamos una nota, la nota no recibió respuesta y se comunicaron conmigo de la vocalía del presidente para decir que no había ninguna mala voluntad en el incumplimiento de la ley, que se trataba de cuestiones más bien de tinte burocrático.
Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso?
La Ley Micaela no establece ningún mecanismo coactivo, está hecha para ser respetada, a la fecha no tenemos respuesta, reiteraremos la nota en un tiempo prudencial como se hace con cualquier organismo cuando no responde frente algún incumplimiento.
¿Tiene alguna hipótesis de por qué la Corte Suprema no facilita esta capacitación?
No, no tengo ninguna hipótesis.
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