Censura a un ministro de Arce expone la interna del partido gobernante MAS

La decisión tomada anoche por más de dos tercios de los integrantes de la Asamblea Legislativa (AL) de Bolivia de aprobar la censura del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, pareció marcar un quiebre en las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno, pero, sobre todo, expuso la feroz interna del oficialismo, dividido entre el sector que responde al presidente Luis Arce y el que se enrola con el exmandatario Evo Morales.
Es que la censura a Del Castillo alcanzó 101 votos sobre 144 porque los legisladores “evistas” se unieron a los opositores.
El ministro fue cuestionado por el manejo de las fuerzas de seguridad con automóviles robados en el exterior e ingresados al país y se trató del tercer intento de censura a Del Castillo, que había logrado sortear las dos anteriores.
“Lamentamos la censura, teniendo en cuenta que fue una interpelación propuesta por la oposición y que legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) se hayan sumado y de esa manera hayan logrado los dos tercios”, indicó el senador de la fuerza oficialista Rubén Gutierrez, alineado con Arce.
Su par de bancada y de sector Santos Ramos, en tanto, denunció un “negociado” para reprobar la gestión del ministro, porque, advirtió, muchos se sentían perseguidos por el trabajo que estaba realizando “y han tenido que censurarlo”.
Y calificó a quienes apoyaron la censura de “traidores del instrumento político”, porque prefirieron “vender su alma al demonio”, según la agencia estatal ABI.
Del otro lado, el diputado evista Gualberto Arispe indicó que Del Castillo falló al responder las preguntas de los interpelantes y que esa fue la razón de su censura.
“No respondió las consultas que se le hicieron, Del Castillo ya era indefendible. Cuando actuó bien, se le dio el voto de confianza, pero ya a estas alturas hay mucho trabajo ineficiente de parte de la policía que él maneja. Este es el resultado de la verdadera evaluación que hace el pueblo y por eso se lo ha censurado”, argumentó.
Para el diputado, Del Castillo debe salir del cargo, una cuestión que también entra en debate entre sectores.
“Ética y moralmente se lo debe cambiar. Es un ministro que se aplazó, pero veremos qué hace el Gobierno, esperemos que no actúe como un gobierno de facto y respete la decisión de la Asamblea, no como alguna vez lo hizo Jeanine Añez”, reclamó Arispe.
Para el diputado arcista Rolando Cuéllar, en cambio, debido a una sentencia constitucional, el presidente no tiene que destituir a Del Castillo, a pesar de que éste haya sido censurado.
Del Castillo enfrentó ayer su tercera interpelación en menos de dos meses: el 23 de mayo fue interrogado por la detención del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho; y el 13 de este mes por el operativo de seguridad en las protestas registradas entre octubre y noviembre de 2022 en el departamento de Santa Cruz.
Anoche, el cuestionado titular de Gobierno dio una amplia explicación de cómo opera el aparato de seguridad del Estado para impedir la radicación de vehículos robados, detectar y restituir los autos a las naciones de origen.
En 2022 fueron identificados 52 vehículos robados, de los que 31 eran de Chile, 5 de Argentina y 16 de Brasil. “Todos fueron restituidos a sus propietarios”, afirmó Del Castillo.
Las críticas al evismo llegaron también del secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta, que lamentó que Evo Morales “nuevamente, haya instruido a sus parlamentarios a censurar al ministro en complicidad con legisladores del ala radical de la derecha” y le reclamó al exmandatario que “deje gobernar” a Arce.
De parte de la oposición hubo, en cambio, un0n nimiedad para celebrar la votación, porque se trata de la primera oportunidad en 15 años que el legislativo censura a un ministro.
“Ganaron los miles de bolivianos que son víctimas del narcotráfico, del abuso policial y la persecución. En caso de que Arce decida ratificarlo, será la muestra de que su gobierno es cómplice de narcos, chuteros y corruptos”, dijo en la red Twitter la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar.
Según una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, Arce tiene 24 horas para destituir al ministro y puede ubicarlo en otro cargo, pero ya no puede volver a la cartera de Gobierno.
El plazo de 24 horas fue establecido por la Ley 1350 de 2020, emitida por la Asamblea después de que la expresidenta de facto Jeanine Añez ratificó a dos ministros que habían sido censurados.
La sentencia constitucional 020/23 ratificó que está vigente ese plazo de 24 horas para destituir a un ministro censurado, aunque dejó abierta la posibilidad a que el funcionario con censura tenga otra designación.
(Télam)