Comision por la Memoria reclama que fiscal Fernandez Garello sea apartado de su cargo
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La Comisión Provincial de la Memoria (CPM) pidió hoy que el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, quien se encuentra procesado por delitos de lesa humanidad por la justicia federal de San Martín, "sea suspendido y apartado de su cargo".
En un comunicado, la CPM informó que la Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento dictado en primera instancia del fiscal por su participación en el secuestro y tortura de tres militantes comunistas en 1981, cuando se desempeñaba como agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA)
En esos tiempos, Fernández Garello participó de un operativo conjunto entre efectivos de la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo.
El actual funcionario judicial está imputado, además, por su participación en el secuestro y asesinato de la militante y delegada sindical Ana María Martínez.
"Esa decisión deja a Fernández Garello a un paso del juicio oral y público", precisó la Comisión y reclamó que "sin demoras ni dilaciones, el fiscal sea suspendido inmediatamente y apartado de su cargo".
El viernes pasado, por segunda vez, el Tribunal de enjuiciamiento que debía tratar la apertura del juicio político solicitado por la CPM, una decena de organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales no sesionó por falta de quórum.
Recordó el organismo que "mucho antes, en noviembre de 2017, el jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires decidió archivar el primer pedido de jury sin ni siquiera abrir una investigación".
"Con el procesamiento firme por decisión de la Cámara, y ante la gravedad de los crímenes que se le imputan, no hay más margen de maniobra ni lugar para nuevas estrategias dilatorias que sigan garantizando la impunidad del fiscal. La CPM reclama que, de manera inmediata, Fernández Garello sea suspendido y apartado de su cargo. Una persona procesada por delitos de lesa humanidad no puede cumplir funciones en un poder de la democracia", enfatizó la CPM. (Télam)
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En un comunicado, la CPM informó que la Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento dictado en primera instancia del fiscal por su participación en el secuestro y tortura de tres militantes comunistas en 1981, cuando se desempeñaba como agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA)
En esos tiempos, Fernández Garello participó de un operativo conjunto entre efectivos de la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo.
El actual funcionario judicial está imputado, además, por su participación en el secuestro y asesinato de la militante y delegada sindical Ana María Martínez.
"Esa decisión deja a Fernández Garello a un paso del juicio oral y público", precisó la Comisión y reclamó que "sin demoras ni dilaciones, el fiscal sea suspendido inmediatamente y apartado de su cargo".
El viernes pasado, por segunda vez, el Tribunal de enjuiciamiento que debía tratar la apertura del juicio político solicitado por la CPM, una decena de organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales no sesionó por falta de quórum.
"Esta no es la primera muestra de protección política que recibe Fernández Garello: en septiembre pasado, el primer llamado a audiencia para tratar el jury tampoco contó con quórum también por la ausencia de los legisladores de Cambiemos y el Frente Renovador", planteó la CPM en el comunicado.
Recordó el organismo que "mucho antes, en noviembre de 2017, el jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires decidió archivar el primer pedido de jury sin ni siquiera abrir una investigación".
"Con el procesamiento firme por decisión de la Cámara, y ante la gravedad de los crímenes que se le imputan, no hay más margen de maniobra ni lugar para nuevas estrategias dilatorias que sigan garantizando la impunidad del fiscal. La CPM reclama que, de manera inmediata, Fernández Garello sea suspendido y apartado de su cargo. Una persona procesada por delitos de lesa humanidad no puede cumplir funciones en un poder de la democracia", enfatizó la CPM. (Télam)
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